Los comunarios del municipio de Roboré, en Santa Cruz, han expresado su rechazo a la autorización gubernamental para llevar a cabo exploraciones mineras en su territorio. Argumentan que esto pone en peligro sus derechos y la protección de sus recursos naturales.
La Central Indígena Chiquitana «Amanecer» Roboré (Cichar) ha exigido respuestas a Jiovana Padilla, directora departamental de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Santa Cruz, sobre los trabajos mineros autorizados en las comunidades indígenas.
Advertencia de paralización y medidas drásticas
La comunidad ha dejado claro que rechaza cualquier actividad minera y advierte que tomará medidas para detener cualquier proceso de exploración o explotación de recursos minerales en sus territorios ancestrales. Además, amenaza con expulsar e incautar bienes a los operadores privados, estatales y cooperativas.
Estado de emergencia y demanda al Estado boliviano
Todas las comunidades indígenas cercanas al municipio de Roboré se han declarado en estado de emergencia debido a la presencia de actividades mineras. Al mismo tiempo, demandan al Estado boliviano por permitir la violación de la autonomía territorial indígena y el daño al patrimonio natural y cultural.
Las autoridades y representantes de las dieciséis comunidades de Cichar hacen un llamado a las instancias competentes y responsables del control y fiscalización ambiental.
Solicitud de explicaciones a la AJAM
Los dirigentes de Cichar han enviado una solicitud a la directora de la AJAM exigiendo una respuesta sobre por qué se autorizaron trabajos de prospección y exploración por parte de la empresa minera Walfremar SRL en las comunidades indígenas de Aguas Calientes, Yororoba y Quitunuquiña del municipio de Roboré, Santa Cruz. Estos trabajos están afectando la reserva natural del Valle de Tubaca.
