Cada año en Perú se registran en promedio 15 denuncias diarias por trata de personas, sumando un total de 5,400 casos al año, según la ONG CHS Alternativo. Estas cifras alarmantes revelan que el 85% de las víctimas son mujeres, y el 36% de ellas son menores de edad. Además, el 72% de las víctimas fueron captadas mediante falsas ofertas de trabajo.
El 82% de los casos de trata de personas en Perú tienen como finalidad la explotación sexual y laboral. Sorprendentemente, en el 15.5% de los casos, el tratante es un conocido, cónyuge, familiar o tutor de la víctima, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
El crecimiento de la criminalidad organizada y sus consecuencias
El director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, señala que el incremento de la criminalidad organizada ha ocasionado que este delito crezca, se expanda y se diversifique, aumentando así el número de víctimas, especialmente entre la población migrante.
La falta de inversión y presupuesto para combatir la trata de personas
Para financiar la investigación, persecución, atención a víctimas y prevención del crimen relacionado con la trata de personas en Perú, se necesitan más de 1,100 millones de soles (294 millones de dólares). Sin embargo, el presupuesto asignado por el Estado para este fin apenas llega a 5 millones de soles (1.3 millones de dólares o 1.23 millones de euros), según la investigación realizada por CHS Alternativo.
La trata de personas como una economía ilegal lucrativa
La trata de personas en Perú se ha convertido en la segunda economía ilegal más lucrativa del país, después de la minería ilegal. Según Ricardo Valdés, una víctima de explotación sexual genera aproximadamente 28,000 soles al año, mientras que en la explotación sexual se movilizan alrededor de 800 millones de dólares anuales, y en la explotación laboral, unos 700 millones de dólares.
La necesidad de un mayor compromiso y transparencia del Estado
CHS Alternativo destaca la importancia de hacer público el balance sobre la trata de personas en Perú, así como los compromisos del Estado, las dificultades económicas que enfrenta el trabajo y los avances existentes. Esto debería ser presentado en una comparecencia del Consejo de Ministros ante el pleno del Parlamento, de acuerdo con la legislación vigente desde 2018.
