El abogado Jorge Valda, defensor de Fernando Hamdan, ha solicitado la participación de una comisión legislativa para investigar el caso de la toma de la plaza Murillo en La Paz por militares liderados por Juan José Zúñiga, ocurrido hace tres semanas.
La investigación del hecho está actualmente en manos de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno. Sin embargo, hasta el momento no se ha involucrado la comisión legislativa que fue conformada para indagar los motivos y los presuntos autores de la asonada.
Garantizando una investigación transparente e imparcial
Valda ha solicitado que el caso no sea únicamente responsabilidad del Ministerio Público, argumentando que esto es lo que indica el procedimiento penal para garantizar una investigación transparente, que cumpla con los principios de objetividad establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público y de imparcialidad señalados en el Código de Procedimiento Penal.
Hamdan, uno de los civiles involucrados en este caso, se encuentra actualmente detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz. Es acusado por el Gobierno de haberse reunido con Zúñiga días antes de la asonada militar y de haber participado en la planificación del supuesto intento de golpe de Estado.
Preocupaciones sobre la objetividad de la investigación
Por otro lado, el abogado del acusado ha reclamado que el Ministerio de Gobierno, e incluso el viceministro de Régimen Interior, realizan detenciones y allanamientos durante la noche y sin orden de aprehensión. Ha resaltado las similitudes entre este caso y uno anterior relacionado con terrorismo, poniendo en duda la objetividad de la investigación actual.
«Lo que podemos concluir de esta investigación es que tiene muchas similitudes con el caso del terrorismo en el hotel Las Américas en 2009. El investigador de aquel entonces era Johnny Aguilera y ahora es el mismo viceministro de Régimen Interior. Por eso no se puede confiar en la objetividad de esta investigación cuando está siendo manejada por manos gubernamentales», enfatizó Valda.
Persecución política y trabajo de la comisión legislativa
Según Franco Albarracín, activista de derechos humanos, Hamdan y Aníbal Aguilar son considerados perseguidos políticos.
La comisión legislativa encargada de investigar este caso está integrada por varios senadores y se encuentra trabajando en la organización para emitir un primer informe sobre los hechos ocurridos el 26 de junio en un plazo de tres meses. Además, se mencionó la necesidad de contar con «peritos del área criminalística» que colaboren en la investigación.
Asimismo, se utilizarán herramientas legislativas como peticiones de informe, entrevistas directas y análisis de imágenes, entre otros, para llevar a cabo la investigación de manera exhaustiva.
