La bancada «arcista» del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha culpado a los presidentes de las comisiones mixtas de cometer errores jurídicos deliberados que han llevado a una nueva paralización del proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales. Según el jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, estas acciones tienen como objetivo entorpecer el proceso electoral con intereses mezquinos.
Ante esta situación, el MAS exigirá que se dejen sin efecto las medidas cautelares que han paralizado nuevamente el proceso electoral. Mercado ha solicitado al vicepresidente David Choquehuanca que convoque de inmediato a una reunión de coordinación en la que participen los presidentes de ambas cámaras, los jefes de bancada y las dos comisiones mixtas, con el fin de garantizar la preselección de candidatos.
Protección del proceso de preselección
Además, el MAS ha solicitado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que proteja el proceso de preselección, evitando que cualquier determinación de una sala constitucional detenga el trabajo de los legisladores. Consideran al TCP como la máxima autoridad jurisdiccional en este asunto.
Acusaciones de inducción a errores
Por otro lado, el diputado «arcista» Juan José Jáuregui ha acusado a los presidentes de las comisiones mixtas, Roberto Padilla y Miguel Rejas, de inducir a cometer errores a propósito para postergar el proceso de preselección. Jáuregui afirma que esta intención fue evidente desde el principio y que la falta de visión jurídica de los presidentes es la causa de la situación actual.
Observaciones previas y falta de acción
Jáuregui recordó que el 10 de marzo ya se había observado la poca participación de mujeres candidatas y que la bancada renovadora del MAS propuso soluciones como la ampliación de plazos y otras contingencias. Sin embargo, lamenta que las órdenes políticas primaron sobre estas propuestas y no se tomó ninguna acción al respecto.
Medidas cautelares y solicitud de garantías
En la jornada pasada, los legisladores de la Comisión Mixta de Constitución recibieron una medida cautelar para detener las evaluaciones a los candidatos, pero decidieron continuar con el trabajo. Sin embargo, más tarde se les advirtió que sus cuentas bancarias serían congeladas y que serían multados con 5.000 bolivianos si seguían adelante. Ante este escenario, solicitaron garantías a David Choquehuanca como máxima autoridad de la Asamblea Legislativa.
