Este lunes 8 de julio, legisladores calificaron como secuestro la aprehensión de Fernando Hamdan, activista por los Derechos Humanos, quien está imputado en el caso de presunto intento de golpe de Estado.
Hamdan, directivo de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda), fue arrestado el sábado en Santa Cruz y trasladado a La Paz el domingo. La Fiscalía formalmente lo imputó este lunes.
Denuncias de secuestro y falta de acceso a Hamdan
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, afirmó que Hamdan fue secuestrado por agentes del Gobierno desde su domicilio en Santa Cruz en horas de la madrugada. Aseguró que él, junto con la Defensoría del Pueblo y otros legisladores, intentaron visitar al activista en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de La Paz, pero se les negó el acceso.
Ante esta situación, Roca y el jurista Juan Carlos Rebollo presentaron una acción de libertad a favor de Hamdan. Además, denunciaron que el Gobierno busca tener presos políticos de cara a las elecciones presidenciales.
Violación de derechos y falta de estado de derecho
Juan Carlos Rebollo destacó que esta acción afecta la defensa de cualquier activista de derechos humanos y resaltó la importancia de que los derechos humanos estén por encima de los intereses del gobierno. Explicó que cualquier persona acusada penalmente debe ser convocada o citada previamente.
Luisa Nayar, diputada de la misma bancada, también denunció que Hamdan fue prácticamente secuestrado por el régimen del presidente Luis Arce. Afirmó que desde el domingo la Policía impidió que los legisladores pudieran constatar el estado del aprehendido.
Imputación y solicitud de detención preventiva
Según la imputación de la Fiscalía, Hamdan se reunió con el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, el lunes 24 de junio en un hotel de La Paz y presuntamente comprometió el apoyo de las embajadas de Estados Unidos e Israel, la Policía y organizaciones de Santa Cruz.
El activista fue imputado como autor y cómplice de los delitos de terrorismo en grado de autor y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado. El Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro.
