María Villarreal/Latinoamérica21
El cambio climático es hoy un desafío urgente que impacta con más fuerza a los países del Sur Global. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), las comunidades más afectadas son las que menos han contribuido históricamente a este fenómeno: entre 3.300 y 3.600 millones de personas del Sur Global son las más vulnerables al cambio climático en todo el mundo. América Latina, es responsable por apenas el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es una región altamente vulnerable a los desastres y a fenómenos como la inseguridad alimentaria y el desplazamiento forzado de población provocados por el cambio climático en combinación con otros factores, a la vez que posee medios limitados para adaptarse a los efectos del cambio climático. Por ello, hablar de cambio climático, implica reconocer que estamos ante un problema no solamente ambiental, sino político y ético en el que existen efectos y responsabilidades diferenciados. En este contexto, la justicia climática pone en el centro la equidad y los derechos humanos de las personas y busca abordar estos temas de forma interconectada, considerando diversas formas de desigualdad.
La noción de justicia climática pone sobre la mesa las desiguales responsabilidades históricas y presentes de los países, empresas y personas respecto a la crisis climática. Tales responsabilidades pueden ser medidas a través de las altas emisiones de los países del Norte Global y de las grandes empresas contaminantes, al igual que mediante los impactos desproporcionales de las personas ricas en la crisis climática. Estas tienen un impacto mayor por su estilo de vida, inversiones y acciones políticas que niegan muchas veces la gravedad de la crisis climática, además de bloquear procesos de transición justa y de silenciar las voces de quienes defienden el medio ambiente y la necesidad de sustituir los combustibles fósiles y el actual modelo económico.
De acuerdo con el Informe Global “Desigualdad S.A” de OXFAM, el poder empresarial está impulsando el colapso climático, exacerbando múltiples desigualdades y aumentando el sufrimiento de millones de personas. Desde 2020 los cinco hombres más ricos del mundo han duplicado con creces sus fortunas hasta alcanzar los US 869.000 millones en 2023, al mismo tiempo en que la riqueza de 5000 millones de personas a nivel global se ha reducido.
La gran responsabilidad de los milmillonarios
En consecuencia, el 1% más rico de la población mundial genera tantas emisiones de carbono como los dos tercios más pobres de la humanidad. Además, aunque sólo algo más de una de cada cinco personas viven en países del Norte Global, éstas concentran el 69% de la riqueza privada y casi tres cuartas partes de la riqueza del mundo. Las empresas multinacionales son las otras grandes beneficiarias de este escandaloso proceso de acumulación, acelerado tras la pandemia, ya que los beneficios de las mayores empresas experimentaron un aumento del 89% entre 2021 y 2022.
Más allá de exponer las desigualdades socioeconómicas históricas y presentes entre países y clases sociales, la justicia climática es heredera de los estudios sobre ecología política y de las luchas por la justicia ambiental que han denunciado históricamente el racismo ambiental y los efectos desproporcionales de la degradación del medio ambiente sobre las poblaciones negras, periféricas, indígenas y campesinas. En la misma medida, la noción de justicia climática se alimenta de las reivindicaciones del movimiento feminista que han expuesto los mayores efectos que la crisis ambiental y climática tiene sobre las mujeres. Así, la noción de justicia climática da cuenta de las desigualdades estructurales entre regiones, pero también dentro de un mismo país y de cómo poblaciones específicas como los indígenas, negros, mujeres o personas con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir los efectos adversos del cambio climático.
Por otro lado, la justica climática también analiza las desigualdades intergeneracionales que hacen que los niños y jóvenes de hoy, pese a no haber contribuido con la crisis climática de forma significativa, sufran sus impactos de manera más severa a medida que crecen y vean perjudicado su derecho a un futuro sostenible. De hecho, un estudio de la revista Science de 2021 evidenció que los niños nacidos en 2020 experimentarán entre dos y siete veces más los fenómenos climáticos extremos, especialmente olas de calor, en comparación con las personas nacidas en 1960.
El concepto de justicia climática
A nivel internacional, el concepto de justicia climática es una derivación del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas (CBDR, por sus siglas en inglés, Common But Differentiated Responsibilities) que constituye una norma clave de la política climática global. El principio fue establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reconoce que todos los Estados tienen la responsabilidad de proteger el clima como bien común de la humanidad y de abordar los desafíos impuestos por el cambio climático. Este acuerdo, defiende diversos niveles de protección y compromisos ambientales por parte de los países industrializados y de los países en desarrollo. El CBDR fue uno de los logros de la cooperación y articulación de los países en desarrollo durante la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, mejor conocida como Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992.
El principio reconoce que los países desarrollados y en desarrollo han contribuido históricamente de forma desigual a la crisis climática: los niveles superiores de industrialización de los primeros dan cuenta, por ejemplo, de sus mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Además, los países desarrollados tienen mayor capacidad financiera y tecnológica, y pueden abordar los efectos y retos impuestos por el clima de forma diferenciada. Estos pueden reducir mayormente la emisión de gases de efecto invernadero y financiar las pérdidas y daños que el cambio climático está generando en los países más vulnerables, por citar sólo dos ejemplos.
En la Conferencia de las Partes COP-28 celebrada en Dubái en 2023, se alcanzó la decisión histórica de aprobar un Fondo Climático de Daños y Pérdidas para países vulnerables. El Fondo recibió contribuciones de aproximadamente 400 millones de dólares. Pero investigadores y organizaciones que actúan en la lucha contra el cambio climático subrayan que los impactos devastadores y sin precedentes provocados por el calentamiento global demandan mayores recursos y compromisos integrales.
El Fondo Climático de Daños y Pérdidas para países vulnerables fue definido por el Secretario de la ONU, António Guterres, como «una herramienta esencial para lograr la justicia climática». Sin embargo, para obtener una justicia climática real es necesario hacer mucho más. De acuerdo con el Informe “Igualdad Climática: Un planeta para el 99%” de OXFAM, las crisis (climática y de desigualdad) están interconectadas, indisolublemente unidas, y se retroalimentan.
Por ello, el mejor antídoto para acabar con el colapso climático y la pobreza es promover la igualdad en todas las esferas. Si no abandonamos los combustibles fósiles, combatimos las desigualdades y ponemos en el centro de las decisiones sobre el clima los derechos de las personas, será imposible construir una verdadera transición justa hacia un futuro sostenible.
Cientista política. Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ) y del Postgrado en Ciencia Política de la UNIRIO. Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid.
