El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha declarado que la privación de libertad de 17 personas condenadas por las protestas ocurridas el 11 de julio de 2021 en Cuba es «arbitraria» y viola la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según el grupo de trabajo, estas personas deben ser liberadas de inmediato y se les debe otorgar el derecho a recibir indemnización y reparación.
Delito de sedición en Cuba debe ser ajustado, según la ONU
El grupo de trabajo también ha instado al Gobierno cubano a revisar el delito de sedición, uno de los cargos presentados contra los 17 condenados. Consideran que esta figura penal es «subjetiva e imprecisa» en el Código Penal de Cuba.
Detalles sobre los casos de los condenados
Las personas detenidas, cuyos casos fueron considerados por el grupo de trabajo, son Ángel Serrano, Carlos Paul Michelena, Denis Ojeda, Felipe Almirall, Fredy Beirut, Katia Beirut, Luis Frómeta, Odet Hernández, Oscar Luis Ortiz, Reynier Reinosa, Robert Orlando Cairo, Roberto Pérez, Rolando Vázquez, Walnier Luis Aguilar, Wilmer Moreno, Yerandis Rillos y Yoandry Reinier Sayu.
Estas 17 personas fueron arrestadas entre el 12 y el 24 de julio de 2021 debido a su participación en las manifestaciones que comenzaron en el municipio de San Antonio de los Baños y se extendieron por todo el país.
En primera instancia, fueron condenadas a penas de entre 15 y 26 años de prisión, pero posteriormente las penas fueron reducidas a entre 8 y 18 años de privación de libertad.
Irregularidades en el proceso de detención y juicio
El grupo de trabajo de la ONU ha señalado diversas irregularidades en el proceso de detención y juicio de los condenados. Entre ellas se encuentran la falta de órdenes de arresto, la ausencia de control judicial durante la privación inicial de libertad y el hecho de que policías instructores y fiscales asumieran el papel de jueces o funcionarios judiciales.
También se denunció la existencia de interrogatorios bajo coacción y sin representación legal, así como la violación del derecho a la presunción de inocencia. Además, se hizo hincapié en el caso de un detenido con discapacidad certificada, quien fue juzgado y condenado sin tener en cuenta su condición.
Comunicación del Gobierno de Cuba y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
El informe del grupo de trabajo destaca que el Gobierno de Cuba envió su comunicación sobre estos casos fuera de plazo y que el país no es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una de las convenciones que vela por su cumplimiento.
Las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU no son vinculantes, pero resaltan la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos y el debido proceso en casos de detención y condena.
