El Pacto de Unidad «arcista» ha convocado a una marcha en apoyo al Gobierno de Luis Arce y en rechazo a los presuntos afanes de gestar un golpe de Estado, luego de la militarización de la Plaza Murillo la semana pasada.
La concentración, denominada «En defensa de la democracia, la unidad y el futuro de Bolivia», se llevará a cabo el viernes 12 de julio en el Multifuncional de la Ceja de El Alto. Posteriormente, los manifestantes se dirigirán hacia la sede de Gobierno hasta llegar a la Plaza Murillo. Líderes sindicales y representantes de organizaciones sociales como Lucio Quispe y Efraín Mollo respaldan esta movilización contra lo que consideran un golpe fallido.
Convocatoria a nivel nacional
En la marcha han sido citados los comités ejecutivos nacionales en pleno de las organizaciones matrices, así como las estructuras orgánicas, federaciones departamentales, regionales, provinciales, centrales, subcentrales agrarias, sindicatos agrarios y ayllus.
Rechazo a un golpe fallido y apoyo al gobierno actual
Efraín Mollo, secretario de Comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), enfatizó que la toma militar del 26 de junio fue un golpe fallido que debe ser investigado con claridad para sancionar a los responsables. «Los bolivianos nunca más permitiremos un gobierno de facto», remarcó.
Según Mollo, la movilización busca expresar su apoyo al gobierno actual y rechazar cualquier intento golpista en el país. La convocatoria ha generado gran expectativa entre los sectores sociales y sindicales que buscan mantener la estabilidad democrática en Bolivia.
Preocupación por la presencia militar y exigencia de transparencia en las investigaciones
La presencia militar encabezada por el excomandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, ha sido motivo de controversia e investigación por parte de las autoridades pertinentes.
El despliegue militar liderado por el general Zúñiga ha levantado sospechas sobre posibles implicaciones políticas detrás del incidente en la Plaza Murillo. Las organizaciones sociales han manifestado su preocupación por el respeto a las instituciones democráticas y han exigido transparencia en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
