En medio de las negociaciones por el incremento salarial de este año, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, advirtió que este beneficio provocaría una carga adicional del 40% en los costos de producción de los empleadores.
Este año, la Central Obrera Boliviana (COB) demandó un incremento del 8% al salario mínimo nacional y del 7% al haber básico. Desde el ente de los trabajadores aseguraron que las negociaciones con el Gobierno están en su etapa final. Sin embargo, desde un inicio el sector empresarial criticó esta demanda porque ellos se verán directamente afectados.
Prerrogativas planteadas podrían ser desproporcionadas
En este contexto, Rodríguez cuestionó las demandas de la COB, señalando que las prerrogativas planteadas podrían ser desproporcionadas. La ausencia de un segundo aguinaldo en 2023 y las proyecciones de crecimiento económico moderado para este año son motivo de preocupación, aseguró.
Impacto en la inversión y el empleo
El economista destacó el impacto potencial en la inversión y el empleo que podría resultar de un aumento salarial excesivo, advirtiendo sobre el encarecimiento de los productos nacionales y el riesgo de favorecer el contrabando. Rodríguez hizo notar la discrepancia entre los incrementos propuestos y la tasa de inflación del año anterior.
Incremento salarial solo aplica a empresas formales
En esa línea, explicó que el incremento salarial obligatorio solo se aplica a las empresas formales que pagan impuestos, mientras que la informalidad, que alcanza entre el 80% y 85%, no paga altos tributos y tampoco tiene rígidas obligaciones sociales. Por eso, los empresarios consideran que el incremento salarial es una medida desequilibrada.
Efecto en cascada y carga adicional para los empleadores
Una preocupación fundamental expresada por Rodríguez es el efecto en cascada que podría tener el aumento salarial, generando una carga adicional para los empleadores y afectando la viabilidad de muchas empresas.
«Puede significar una carga superior al 40% para el empleador, sin que suba en igual proporción la productividad del trabajador o las ventas para generar los recursos adicionales necesarios, al subir también las obligaciones sociales como son los aportes patronales para salud, aguinaldo, jubilación, bono de antigüedad, pago de feriados y dominicales, primas, entre otros», dijo.
Diálogo tripartito para encontrar soluciones equitativas
Desde la perspectiva del IBCE, el diálogo tripartito entre gobierno, empleadores y trabajadores, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es crucial para encontrar soluciones equitativas y sostenibles. Por eso, Rodríguez planteó una flexibilización de la legislación laboral para adaptarse a las diversas realidades del mercado laboral.