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Disputa entre cooperativistas y Sernap por explotación de oro en áreas protegidas

Cooperativistas mineros auríferos rechazaron el informe jurídico y legal presentado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) / RRSS
Representantes de cooperativistas mineros auríferos rechazan informe del Sernap sobre explotación de oro en áreas protegidas.

Los representantes de los cooperativistas mineros auríferos rechazaron el informe jurídico y legal presentado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) sobre las causas para negar la explotación de oro en áreas protegidas. Antes de esta reunión, el Sernap enfatizó que está vigente la Ley 1333 del Medio Ambiente y las normativas pertinentes de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, aspectos con los que fundamentaron su negativa.

Reunión para analizar normativas sobre minería en áreas protegidas

El dirigente aurífero Roger Coata aseguró que durante esta semana se reunirá con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para analizar nuevamente junto al Sernap las normativas relacionadas con la minería en áreas protegidas. Según Coata, el compromiso es discutir todas las asperezas y abordar la normativa y las leyes que están contempladas bajo los principios del sistema cooperativo minero aurífero. Los mineros cooperativistas esperarán los resultados de esta reunión antes de tomar otras medidas.

Cooperativas Mineras sostuvieron reunión con el Director de Sernap, Johnson Jiménez / Agencia Minera TV

Defensa de las áreas protegidas y cumplimiento de normas

Hace más de una semana, el director ejecutivo del Sernap, Johnson Jiménez, manifestó que las normas de protección de las áreas protegidas deben cumplirse, por tanto, aseguró que mantendría la defensa de esos lugares pese a las amenazas de movilizaciones por parte de los mineros. Tanto la Ley 535 de Minería y Metalurgia como la Ley 356 General de Cooperativas, a las que apelan los mineros auríferos, tienen el mismo nivel de importancia que la Ley 1333 de Medio Ambiente. Todas estas instancias están enmarcadas en la Constitución Política del Estado (CPE), que establece el derecho a un medio ambiente sano. Además, la Ley 535 establece restricciones a las actividades mineras que dañen al medioambiente.


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