El Juzgado 7° de Instrucción en lo Penal de La Paz ha dictado una sentencia condenatoria de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, para Gabriel Edmundo Montalvo Rodríguez y Wilfredo Luis Santos Salazar. Ambos, de 50 y 31 años respectivamente, han sido declarados autores confesos del delito de asesinato cometido contra María L.V.J. y su hija Miranda L.T.V., de 64 y 22 años.
El Ministerio Público atribuyó este hecho a motivos económicos, tal como había anunciado el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y las autoridades de la Policía Boliviana. En relación al mismo caso, el juez ha ordenado la detención preventiva para José L.S.S., de 29 años, por presunta complicidad. Esta medida se cumplirá en el centro penitenciario de San Pedro.
Pruebas contundentes presentadas en juicio
El fiscal departamental William Alave Laura informó que la Comisión de Fiscales encabezada por Gustavo Valdez y Sarina Guardia presentó las pruebas recolectadas durante la investigación preliminar. Entre ellas se encuentran el acta de indicios materiales y el acta médico legal que determinó como causa de muerte la asfixia mecánica por sofocación.
Sentencia máxima para los culpables
Alave también señaló que los autores admitieron su responsabilidad y solicitaron acogerse al procedimiento abreviado, lo cual condujo a la sentencia con la máxima pena establecida.
Investigación en curso para tercer involucrado
En cuanto al tercer involucrado en este caso, quien presuntamente habría conducido el vehículo utilizado para trasladar los cuerpos hasta la comunidad Ponguini del municipio Viacha donde fueron enterradas las víctimas, deberá permanecer en el penal de San Pedro con detención preventiva mientras se lleva a cabo la investigación para determinar su grado de participación, según una nota de prensa oficial. «De acuerdo a la teoría criminal, el tercer involucrado sería el garante necesario en el crimen que se cometió contra una madre y su hija», afirmó Alave.
Desaparición misteriosa y confesión posterior
El pasado 4 de febrero de 2024, los familiares de María y Miranda reportaron su misteriosa desaparición. A partir de ese momento, la Fiscalía inició una investigación por el delito de trata de personas. Según el informe directo, el 8 de febrero actual, el inquilino de las víctimas entró en contradicciones durante las comparaciones y constataciones realizadas con las cámaras de seguridad del domicilio. En ese contexto, durante su segunda entrevista policial, terminó confesando que él junto a un albañil al que debía pagarle 3.500 dólares quitaron la vida a ambas mujeres y posteriormente trasladaron los cuerpos hasta el municipio Viacha con ayuda del hermano del albañil.
