El expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), criticó este sábado que una comisión de la Cámara de Diputados haya frenado el tratamiento de unos proyectos de ley que buscaban anular la prórroga del mandato de las autoridades judiciales dispuesta por el Tribunal Constitucional.
«La Comisión de Diputados vuelve a frenar iniciativas legislativas para restablecer la supremacía de la CPE (Constitución Política del Estado). Revelan un inadmisible apoyo a la inconstitucional `autoprórroga` del TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional)», escribió Rodríguez en la red social X.
Tribunales seguirán en funciones hasta nuevos comicios
El exmandatario, quien también fue presidente de la extinta Corte Suprema de Justicia y actualmente es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), agregó que «la defensa de la Constitución es un imperativo ciudadano, no puede trabarse por una fracción política y a conveniencia de sus intereses, menos por aquella que representa al Gobierno y juró defenderla».
Cuestionamientos a prórroga judicial
Hace unos días, el TCP dispuso la continuidad de las funciones de los magistrados en los máximos tribunales del país a partir del próximo enero y declaró inconstitucional el proyecto de Ley Transitoria para Elecciones Judiciales con el fin «de evitar un vacío de poder» en ese órgano mientras se celebran los comicios para elegir nuevos jueces.
Elecciones judiciales aplazadas
Las elecciones judiciales debieron celebrarse este año, ya que el mandato actual termina este 31 diciembre; sin embargo, debido a esta decisión constitucional, los actuales magistrados del TCP, el TSJ, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental seguirán en funciones hasta que se convoque a nuevos comicios.
Golpe judicial y peleas internas
Otros expresidentes bolivianos como Evo Morales (2006-2019) y Carlos Mesa (2003-2005) han cuestionado la prórroga de las autoridades judiciales y la han calificado como un «golpe judicial». Las críticas de Rodríguez apuntan a la determinación de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja de rechazar el tratamiento de dos proyectos de ley que fueron previamente aprobados en el Senado: uno para cesar el mandato de los magistrados y otro para suspender los plazos procesales a partir del próximo 2 enero. Dicha comisión está bajo el control del sector «arcista» del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), es decir, los parlamentarios cercanos al presidente Luis Arce, cuyo Gobierno ha justificado la prórroga al considerarla «la única salida constitucional posible» ante la falta de elecciones judiciales. Las peleas internas dentro del MAS también se hicieron evidentes en este caso, ya que en la Cámara Alta, donde predomina una mayoría oficialista «evista» o afín a Morales, se aprobaron los proyectos con apoyo de la oposición; sin embargo, los parlamentarios «arcistas» frenaron su tratamiento en Diputados.
Crisis y desafíos de la Justicia boliviana
La Constitución vigente desde 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades judiciales con candidatos seleccionados previamente por el Parlamento nacional. En las elecciones judiciales celebradas en 2011 y 2017, la mayoría de los electores votó nulo o en blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS para elegir jueces afines al oficialismo. El proceso de preselección para las elecciones de este año no logró avanzar debido a medidas dispuestas por salas constitucionales. Los comicios no han logrado resolver la crisis que arrastra la Justicia boliviana desde hace décadas, provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados.
Fuente: EFE.
