Ernesto Hernández Norzagaray/Latinoamérica21
Las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos en los tiempos de la llamada Cuarta Transformación (4T), han estado marcadas entre otras cosas por la producción y distribución de fentanilo en México para los consumidores en las ciudades norteamericanas, que de acuerdo con las declaraciones de las autoridades de ese país causan cada año un promedio 100.000 muertes por sobredosis.
Un rasgo cada día más visible en las relaciones bilaterales es que antes o después de un encuentro entre los mandatarios de los dos países ocurren detenciones de líderes de los cárteles del crimen organizado o la narcopolítica que viene desde los tiempos de Donald Trump, más que como solución, como simulación en la atención del problema.
La primera de estas detenciones fue el caso de César Duarte, un exgobernador acusado de peculado y asociación delictuosa que huyó a Estados Unidos y fue detenido en Miami, días antes de que el presidente López Obrador tuviera su primer encuentro con su homólogo Donald Trump, lo que fue interpretado como un gesto de buena vecindad y distensión política luego de las tensiones provocadas por la construcción del muro fronterizo que “reforzaría” la seguridad estadounidense.
Así, en agosto de 2020, semanas después de que el presidente López Obrador había realizado una visita de Estado a Washington para encontrarse en la Casa Blanca con Donald Trump, fue detenido José Antonio Yépez, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, a quien se lo acusaba de diversos delitos, pero se inscribía en la presión que ejercía Estados Unidos sobre el presidente mexicano luego de la violencia que había alcanzado a ciudadanos norteamericanos.
En marzo de 2022, previo a un encuentro del presidente mexicano con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, elementos del ejército detuvieron a Gerardo Treviño Chávez, presunto líder del Cártel de Noreste, al que se lo acusaba de violencia criminal, tráfico de drogas y lavado de dinero, lo que provocó enfrentamientos en la frontera tamaulipeca que llevaron a suspender la movilidad entre los dos países.
Ya con el gobierno demócrata de Joe Biden, la colaboración continuó con la participación abierta de la DEA y fue detenido un histórico del narcotráfico, el legendario Rafael Caro Quintero, quien fue detenido el 15 de julio de 2022, dos días después de que el presidente mexicano regresó de Washington con el compromiso de que el gobierno estadounidense invertiría 1.500.000 dólares en infraestructura para la frontera norte.
El 5 de enero de 2023 fue detenido Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, cuatro días después de la visita Joe Biden a México para participar en la X Cumbre de Líderes de América del Norte.
La detención de Guzmán López era en ese momento estratégica por el vínculo de este personaje con la producción y distribución de fentanilo en las ciudades norteamericanas. Los estadounidenses ofrecían 5 millones de dólares de recompensa para quien ayudara a su localización.
Su detención en los suburbios de Culiacán, Sinaloa, provocó lo que se conoce como el segundo culiacanazo, es decir, convirtieron la capital sinaloense en escenario de lucha entre esta fracción del Cártel de Sinaloa y las fuerzas de seguridad del Estado mexicano dejando un escenario de guerra y una estela de muertes de los dos bandos.
Cabe señalar que en esta operación hay un personaje que jugó un papel central, que es Néstor Isidro Pérez Salas, quien se desempeñaba como encargado de la seguridad de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, pero, también, se lo identifica como productor y exportador de fentanilo.
Esta detención ocurrió cuatro días después del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), en el que el presidente López Obrador se habría reunido con Joe Biden y, también, con el presidente Xi Jinping de la República Popular de China acordando combatir el tráfico ilegal de precursores químicos de drogas sintéticas.
En definitiva, la sucesión de este tipo de hechos durante el gobierno de la 4T muestra que su política exterior soberanista está pautada por las necesidades de cada una de las naciones y que esto no habrá de cambiar, sino consolidarse en la presente y la siguiente administración, lo que significa que el crimen organizado, contrariamente a lo que se afirma de que se “manda solo”, es, al final, moneda de cambio cuando suceden este tipo de encuentros entre los mandatarios de los países vecinos.
Ernesto Hernández Norzagaray es profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México
