A pocos días de cumplir un año en prisión por su fallido autogolpe de Estado, el expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) reclamó su libertad y ser restituido como mandatario en una audiencia ante el Tribunal Constitucional (TC).
«Se han violado mis derechos constitucionales, como el derecho a la libertad y al debido proceso. La fiscal de la Nación ha dispuesto mi apresamiento, lo cual es de conocimiento público y se demuestra con los hechos. Ella lidera una presunta organización criminal planeada con altos mandos de la Policía y ciertos grupos de congresistas para acabar con mi gobierno», expresó Castillo desde la prisión de Barbadillo.
Denuncia de conspiración
El expresidente denunció que las autoridades «se han ensañado» con él y que ha sentido el odio en carne propia. Solicitó que se anule todo este procedimiento y los actos posteriores, argumentando que ha habido una conspiración preparada para derrocar a su gobierno, pero no se puede acabar con la libertad constitucional más allá de intereses políticos.
Niega flagrancia e intento de fuga
Castillo aseguró que no hubo flagrancia en sus acciones del 7 de diciembre de 2022, fecha del fallido autogolpe de Estado. Además, señaló que el argumento de que iba a fugarse no es válido, ya que su trayecto hacia la Embajada de México en Lima donde fue arrestado por su escolta tenía como objetivo poner a salvo a su familia.
Solicitud al Tribunal Constitucional
Eduardo Pachas, abogado del expresidente, solicitó al Tribunal Constitucional declarar nula la pena preventiva de 18 meses por el fallido autogolpe, otorgarle la libertad inmediata a Castillo y restablecer el estado anterior a su detención para que pueda ejercer nuevamente la presidencia en el período 2021-2026.
Hábeas corpus y falta de coherencia judicial
Pachas explicó que los cinco hábeas corpus presentados ante el TC se basan en la vulneración de la libertad individual de su representado y argumentó que el proceso judicial carece de coherencia narrativa y justificaciones suficientes del delito de flagrancia, ya que no se ha especificado su tipo.
Medidas preventivas adicionales
Además de la orden de 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe, la Corte Suprema de Perú ha ratificado la decisión de imponer otra medida preventiva de 36 meses a Castillo por un caso de corrupción y tráfico de influencias.
Fuente: EFE
