El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) paralela, Édgar Salazar, fue involucrado en un nuevo proceso penal, esta vez en Sucre por el supuesto delito de defraudación con pretexto de remuneración a funcionarios públicos.
El dirigente fue acusado de cobrar 10.000 bolivianos a dos postulantes a la Escuela Superior de Maestros «Mariscal Sucre», asegurándoles el ingreso a la institución; sin embargo, eso nunca ocurrió.
Promesa incumplida y engaño hacia las víctimas
Según los datos de la denuncia, Salazar recibió el dinero a finales del año pasado, después de comprometerse a ayudarles a ingresar a esta casa de estudios a inicios de 2022, sin importar los resultados que obtuvieran en el examen de admisión.
Uno de los familiares de las víctimas relató que Salazar aseguró tener amistad con el rector de la escuela superior y que el Ministerio de Educación le daba plazas, por lo que les garantizó su ingreso.
Afectados intentaron recuperar su dinero sin éxito
Durante todo este año, los afectados habrían intentado recuperar su dinero, pero lamentaron que el dirigente siempre escapaba.
Sin embargo, este lunes 21 de noviembre lo encontraron saliendo de la Fiscalía y ahí lo increparon para exigirle que devuelva el dinero. Después del encuentro se reconoció la existencia de un documento privado. Además, el Ministerio Público lo citó este viernes para prestar declaración informativa sobre esta denuncia.
Niega existencia de deuda y firma de documentos
No obstante, Salazar negó ante los medios cualquier existencia una deuda o haber firmado algún documento, por lo que anunció que durante su declaración en la Fiscalía aclarará toda la situación.
Este caso se suma a otro que enfrenta el dirigente afín al gobierno en La Paz, por el incumplimiento de pagos de asistencia familiar a su hija menor de edad.
