La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó el viernes 20 de octubre que las nuevas acciones legales contra los cívicos cruceños por el paro de 36 días no son persecución política, y aseguró que en el país se respeta el debido proceso.
«Ya lo hemos dicho varias veces, no existe persecución política. Estamos en un gobierno democrático en el que se respeta la independencia de los Órganos del Estado y el debido proceso de todos los bolivianos. Este caso lleva más de diez meses en curso», declaró la autoridad.
Diputado del MAS defiende acciones legales
En ese sentido, manifestó que el Ejecutivo no puede pronunciarse sobre casos que aún estén abiertos y siendo tratados en los tribunales, por lo que evitó dar más declaraciones al respecto.
Ajpi justifica acciones legales contra cívicos cruceños
Sin embargo, el diputado renovador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, declaró que las acciones legales contra los cuatro cívicos están fundamentadas porque afectaron gravemente la economía de Santa Cruz e impidieron que los verdaderos empresarios de esa región sigan trabajando.
Niegan estrategia para inhabilitar candidatos futuros
Además, negó categóricamente que estas acciones legales sean una estrategia para inhabilitar a posibles candidatos para las elecciones del 2025, y aseguró que la única intención es hacer justicia por todo el perjuicio causado durante los 36 días de paro.
Legislador acusa violencia y daños
«Decir eso es victimizarse. Cuando uno comete barbaridades con violencia tiene que asumir las consecuencias. Ellos bloquearon violentamente, vulneraron derechos fundamentales de las personas, hubo agresiones a la Policía y dañaron propiedades públicas», manifestó el legislador.
Imputación de delitos contra cívicos cruceños
Recientemente se conoció la imputación de la Fiscalía contra Rómulo Calvo, Vicente Cuéllar, Reinerio Vargas y José Luis Santistevan por los delitos de terrorismo, racismo y discriminación, entre otros, por los hechos registrados durante el paro de 36 días en octubre y noviembre de 2022 para exigir que el censo se realice en 2023.
Coordinadora de la Democracia rechaza medida judicial
Ante este hecho, la Coordinadora de la Democracia consideró injusta la medida y anunció que tomará acciones en contra de esa decisión del Ministerio Público, a la que calificó como persecución política.
