Leonardo Stanley/Latinoamérica21
Hace unos días se publicó el Estudio Económico para América Latina y el Caribe 2023, informe insignia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), este año centrado en el financiamiento de una transición sostenible.
El capítulo cuarto del citado informe analiza el papel de los bancos centrales y los supervisores financieros, y repasa los desafíos que el cambio climático impone a las autoridades monetarias en la actualidad. Al describir los instrumentos y políticas, el informe destaca las similitudes, aunque también plantea las diferencias, entre el Norte y el Sur.
Así y todo, las iniciativas introducidas por algunos bancos centrales de la región se alinean con el marco regulador internacional para la banca (Basilea III), donde el accionar contra la emergencia climática se limita a una mayor divulgación y transparencia de la información sobre emisiones. Algunos países también han comenzado a elaborar taxonomías verdes o sostenibles, cuyo objetivo es reducir los riesgos de la inestabilidad financiera derivados del cambio climático.
Algunos casos evidencian el avance, muchas veces limitado, que existe en la región.
En el caso de Chile, mientras que el Banco Central sigue sin mostrar grandes avances en materia de lineamientos ni medidas que obliguen a los bancos a distinguir su cartera de clientes (o exigir ratios de capital distinto según el destino de sus créditos), el regulador y supervisor financiero emitió en noviembre de 2021 la norma de carácter general nº 461, que incorpora puntos de sostenibilidad y gobierno corporativo en las memorias anuales de las entidades supervisadas, aplicable a entidades como bancos, compañías de seguros, emisores de valores de oferta pública, administradoras generales de fondos y bolsas de valores.
A fin de moldear el sistema financiero a la nueva realidad, el gobierno de Costa Rica presentó el 23 de abril de 2023 el proyecto Alineando los Flujos Financieros del Sector Financiero con los Objetivos de Cambio Climático del Acuerdo de París, una iniciativa que pretende desarrollar una taxonomía de finanzas sostenibles para las entidades financieras operando en el país. El citado proyecto desarrollará un marco para mapear, cuantificar y divulgar los riesgos financieros relacionados con el clima.
El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió destinar una porción de los activos de reserva que administra a inversiones y proyectos sustentables. En función de ello, ha invertido en un fondo nominado en dólares, administrado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), destinado a invertir en proyectos sostenibles.
Ambicionar un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible supone considerar un esquema de financiamiento orientado al largo plazo. Por ello la necesidad de fijar lineamientos y taxonomías, políticas e instrumentos que permiten alcanzar las ambiciones. Pero para ello se requiere de consistencia.
Lo anterior implica que los gobiernos no solo deberían diseñar políticas que traccionen el proceso de transición energética. También deberían evitar que sigan llegando fondos para financiar actividades que actúan como retardantes del proceso de transición mientras perpetúan una tecnología contaminante. Es necesario que las distintas políticas (monetaria, cambiaria, fiscal) resulten alineadas al proceso de transformación, para así garantizar una economía resiliente y baja en carbono.
Alinear significa escoger acciones, elegir entre opciones, asumir que la neutralidad en la toma de decisiones deja de ser viable. El rol de los ministerios de Hacienda, de los bancos centrales y de los supervisores financieros resulta fundamental para promover el conocimiento y la gestión de los riesgos relacionados con el cambio climático que pueden afectar la estabilidad financiera del sistema. Pero estas instituciones deben generar también las condiciones legales y regulatorias para establecer un cambio en el mercado financiero, para que así este canalice sus recursos hacia la transición energética, y no hacia la profundización del modelo carbono intensivo. La llegada de fondos asociados a proyectos verdes resulta poco significativa si el sector no renovable sigue acaparando la mayor parte del financiamiento.
Las mencionadas medidas se orientan a preservar el medioambiente tanto como a evitar una crisis financiera.
En ciertos países la autoridad monetaria tiene algún grado de influencia sobre las decisiones de transición, al tiempo que los mercados de capitales pueden resultar un ámbito propicio para comercializar instrumentos financieros verdes. La situación es otra en países que exhiben sistemas financieros menos profundos; bajo estas circunstancias la capacidad de la política monetaria, o la regulación bancaria para influir en la transición, resulta escasa.
El informe de la CEPAL hace referencia a un aporte de las economistas Silvia Miranda-Agrippino y Hélène Rey cuando destaca el limitado espacio que tienen los países emergentes y en desarrollo para aplicar políticas ante la creciente influencia del ciclo financiero. En un trabajo previo, Rey destacaba que el control de la cuenta de capital resulta la única alternativa a mano para ejercer política monetaria en el presente contexto
Esta última propuesta puede adaptarse al contexto de emergencia, donde la entrada de fondos afecta al proceso de transformación del sector energético. Estudios recientes evidencian el rol de la banca global en canalizar fondos hacia proyectos fósiles en distintas partes del mundo, arbitraje financiero que transfiere fondos desde países institucionalmente fuertes (en materia de legislación ambiental y climática) hacia países débiles. Este último grupo observa una regulación bancaria más laxa, que permite dicho arbitraje. Introducir algún tipo de encaje sobre los capitales que vienen a financiar la operatoria de la industria petrolera, tributo que asemeja a la tasa al carbono en los países desarrollados, equivaldría a ganar autonomía política.
El control de los flujos de capital transfronterizos deviene una herramienta clave para prevenir el fondeo de la industria petrolera tanto como para reducir el riesgo financiero que conlleva la transición. Los fondos que entran al fisco se destinan a cubrir los riesgos que conlleva la operación petrolera. Otra sería la situación de los fondos que llegan para financiar nuevos proyectos de exploración, donde la autoridad pública debería fijar una tasa del 100% a los capitales entrantes para desincentivar el financiamiento y directamente prohibir la operatoria en aquellas áreas que resultan biodiversamente sensibles.
Lo anterior complementa el análisis del financiamiento de la transición que realiza el informe de la CEPAL, que se circunscribirse al marco de lo permitido pero omite evaluar otras herramientas y políticas que, en un contexto de emergencia climática, devienen imprescindibles. Como destaco en un documento reciente, publicado por la Fundación Carolina, introducir controles no significa volver a un esquema autárquico, sino priorizar una mirada estratégica en el momento de decidir qué capitales deberían receptarse, y cuáles evitarse. Tampoco se trata de copiar recetas, importar instituciones o fijar instrumentos de manera acrítica. La emergencia climática, ciertamente, obliga a replantear estrategias e instrumentos, y repensarlos según la particularidad del país en cuestión.
