Atrocidades, crímenes de guerra y contra la humanidad siguen siendo cometidos en Etiopía, 10 meses después del acuerdo de paz que teóricamente puso fin al conflicto entre el Gobierno y el Frente de Liberación Popular del Tigré, según denuncia un informe hecho público este lunes 18 de septiembre por expertos de Naciones Unidas.
El informe de la Comisión de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía, que se debatirá en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU esta semana, denuncia la persistencia de crímenes como ejecuciones masivas, violaciones a mujeres y niñas, hambrunas provocadas, desplazamientos forzados y detenciones arbitrarias.
Violaciones a los derechos humanos extendidas
Estas violaciones a los derechos humanos no solo se circunscriben a la región septentrional del Tigré sino también a otras regiones donde las tensiones se han extendido en los últimos meses, como Amhara, Afar u Oromía, indicó el informe.
Ejército eritreo y milicias amharas principales perpetradores
El documento señala entre los principales perpetradores de estos crímenes al ejército eritreo (aliado del etíope en el conflicto del Tigré) y a las milicias amharas.
«Se han asesinado familias enteras; las víctimas han sido forzadas a presenciar horribles crímenes cometidos contra sus seres queridos; comunidades enteras han sido expulsadas de sus hogares», describió uno de los miembros de la comisión, Radhika Coomaraswamy, durante una rueda de prensa para presentar el informe.
Detenciones y torturas en Oromía
El informe también denunció la persistencia de detenciones y torturas de civiles por parte de fuerzas gubernamentales etíopes en Oromía (región que rodea la capital Adis Abeba) y crecientes abusos contra civiles amharas desde el establecimiento del estado de emergencia en esa región al sur del Tigré en agosto, por ejemplo mediante detenciones masivas y arbitrarias.
Hambrunas provocadas y suspensión de ayuda
En la última de estas regiones mencionadas, el informe denunció que al menos 1.400 personas murieron entre abril y agosto debido a hambrunas provocadas por el desvío deliberado de asistencia humanitaria. Según la comisión, esto ocurrió en todo el país y llevó a Estados Unidos y al Programa Mundial de Alimentos (PMA) a suspender su ayuda.
Conflicto no resuelto e impunidad
Aunque formalmente la guerra en Tigré concluyó dos años después de su inicio con la firma del Acuerdo de Pretoria el 2 de noviembre de 2022, «el conflicto no se resolvió ni tampoco las graves y sistemáticas violaciones del derecho internacional, concluyó el informe.
Violencia contra mujeres y niñas
«Muchos crímenes continúan, especialmente la violencia contra mujeres y niñas por parte de las fuerzas eritreas en Tigré», subrayó Coomaraswamy.
La presencia de estas fuerzas eritreas en la región es una prueba de la impunidad y tolerancia que el Gobierno etíope mantiene hacia los abusos del ejército del país vecino en su territorio, subrayó la comisión.
Falta de confianza en el proceso judicial
La atmósfera de impunidad se ve reforzada, según la comisión, por el hecho de que el Gobierno etíope no está investigando eficientemente las violaciones y inició un proceso de justicia transicional lleno de defectos.
Miles de víctimas sin justicia
Este proceso estableció plazos excesivamente cortos en los que no se reunió el suficiente número de víctimas, como los refugiados que aún no regresaron a Etiopía, lamentó la comisión.
Aumento de medidas de seguridad severas
«Hablando con víctimas, sus familias y representantes, hemos notado que no confían en la voluntad del Estado etíope para iniciar un proceso creíble porque muchos responsables estatales están polarizados y no son independientes», indicó Steven Ratner, tercer miembro de la comisión.
Impunidad en casos de agresiones sexuales
Un ejemplo de impunidad denunciado en el informe es que en la región del Tigré unas 10.000 mujeres y niñas fueron atendidas desde el inicio de la guerra por agresiones sexuales, mientras que solo se juzgaron 13 casos ante tribunales militares y otros 16 están en proceso.
Aumento de medidas de seguridad severas
El informe también señala con inquietud el aumento de medidas de seguridad severas en el país como imposición de estados de emergencia o establecimiento de mandos militares en zonas conflictivas sin supervisión civil.
El informe fue realizado con datos obtenidos a través de 545 entrevistas personales o telemáticas a refugiados etíopes pertenecientes a distintas etnias y credos religiosos en países vecinos.
Fuente: EFE
