Tras una audiencia virtual que se prolongó por más de 15 horas, el juez Edwin Pallete de Rurrenabaque otorgó el viernes 8 de septiembre la tutela a la acción popular presentada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), determinando la paralización de toda actividad minera ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios, así como en sus afluentes; además, de los ríos Alto Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje.
La Cpilap logró demostrar que la minería aurífera ilegal está afectando negativamente su derecho a la salud, al medio ambiente y a la consulta previa libre e informada, según informó ANF.
Gobierno no pudo desvirtuar consecuencias del mercurio
Por su parte, los representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Agua, Minería y Metalurgia, Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y Gobierno Autónomo Departamental de La Paz no pudieron desvirtuar las consecuencias del mercurio empleado en las operaciones mineras, según una nota de prensa Cpilap.
Vulneración del derecho a consulta previa indígena
Pallete estableció que la actividad minera vulneró el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y dispuso que este proceso alcanza también a los derechos preconstituidos. Por tanto, determinó la suspensión de toda actividad minera sin licencia ambiental y ordenó a la AJAM cumplir con verdaderos procesos de consulta previa. También dispuso suspender nuevos derechos mineros y garantizar la participación de la Cpilap en el Plan Nacional para Controlar el Uso de Mercurio.
Medidas para rehabilitar ríos contaminados
Asimismo, ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua repetir el estudio de calidad del agua y realizar una categorización de la contaminación ambiental en todos los ríos mencionados, así como en sedimentos y peces. También se debe llevar a cabo la rehabilitación de aguas y especies contaminadas.
Investigación sobre responsabilidades penales
Finalmente, estableció que se remitan los antecedentes a la Fiscalía sobre la contaminación con mercurio en las personas para identificar posibles responsabilidades penales. Además, decretó la instalación de un puesto de control para que la AJAM, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana controlen permanentemente los ríos mencionados y eviten la proliferación de actividad minera ilegal.
