La Fiscalía de La Paz, el viernes 11 de agosto, decidió desestimar la denuncia presentada por plataformas ciudadanas contra el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, por los hechos que denominaron como autogolpe de 2019.
La denuncia surgió después de que dos diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmaran que fue Morales quien instruyó a los dirigentes de organizaciones sociales, como Juan Carlos Huarachi, a pedir su renuncia durante el conflicto postelectoral de ese año.
Delitos denunciados incluyen instigación pública a delinquir y asociación delictuosa
Los delitos denunciados fueron instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y terrorismo, según explicó Bladimir Machicado, activista y principal impulsor de la demanda junto con los representantes de la plataforma Otra Bolivia es Posible, Iván Meléndez y Omar Sánchez.
Machicado sostiene que las declaraciones de los legisladores masistas confirman que las autoridades instigaron a cometer delitos como bloquear caminos y generar disturbios, en los cuales hubo personas heridas e incluso fallecidas. Sin embargo, considera que la Fiscalía actuó cínicamente al desestimar este caso, demostrando su predisposición a encubrir a los supuestos cómplices del autogolpe.
Plataformas ciudadanas en emergencia y no descartan movilizaciones
En respuesta a esta determinación judicial, las plataformas ciudadanas se declararon en emergencia y emitirán un comunicado al respecto; además no descartan iniciar movilizaciones.
La denuncia fue presentada el 26 de julio ante el Ministerio Público. En ese momento, los denunciantes anticiparon que también solicitarían las declaraciones de exministros de la gestión de Morales y pedirían la anulación de todos los casos iniciados por «Golpe de Estado».
