El viceministro de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tiene varios privilegios incluso superiores a los de las personas en libertad.
Según la autoridad, Camacho tiene acceso a todas las prestaciones médicas posibles. La apariencia del gobernador durante una audiencia virtual generó preocupación entre su familia y allegados políticos. Incluso su defensa planteó la posibilidad de aplicarle detención domiciliaria debido a la falta de atención médica adecuada.
Desde el momento en que fue capturado en Santa Cruz de la Sierra, hubo preocupación sobre las condiciones de su detención. Durante su ingreso a Chonchocoro, se registraron momentos alarmantes relacionados con su salud.
A pesar de disfrutar de estos supuestos privilegios, Torrico señaló que estar en una jaula implica ciertas limitaciones y pérdida de peso debido a la falta de ejercicio y la ausencia de comidas, como hamburguesas o cervezas que podrían contribuir al aumento del peso corporal.
A pesar de esta percepción, la Defensoría del Pueblo solicitó la evaluación mediante una junta médica. Sin embargo, esta solicitud no será realizada inmediatamente, según explicó el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
Familiares y allegados revelaron que uno de los mayores sobresaltos estuvo relacionado con un retraso en la administración del suero que Camacho recibe cada 21 días para mantenerse con vida.
El operativo policial y el proceso judicial impulsado por el Gobierno retrasaron este procedimiento médico. Camacho padece del síndrome de Churg-Strauss, una enfermedad que causa inflamación en los vasos y arterias, está asociada con un déficit de inmunoglobulina.
Camacho expresó su preocupación por la variabilidad del plazo de 21 días para recibir el suero, ya que hay meses en los que debe recibirlo con urgencia.
Por otro lado, el fiscal de La Paz, William Alave, abrió la posibilidad de convocar a declarar a Evo Morales, al exvicepresidente; Álvaro García Linera y Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la COB (Central Obrera Boliviana), en relación a este caso. Se busca esclarecer si hubo algún pedido para que las organizaciones sociales soliciten la renuncia de Morales.
Alave declaró que aún se evalúa la pertinencia de estas declaraciones y que se basará en la libertad probatoria para decidir si convoca a los tres mencionados.
Hace algunas semanas, Morales afirmó que el fiscal paceño buscaba implicarlo en una investigación relacionada con el coronel Maximiliano Dávila, último jefe antidroga durante su Gobierno y detenido por legitimación de ganancias ilícitas.
Además, Dávila enfrenta cargos por narcotráfico solicitados por Estados Unidos. Morales manifestó sentir presiones para ampliar las investigaciones en su contra.
