La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) expresó su repudio a los ataques sufridos por periodistas a manos de activistas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) mientras realizaban la cobertura informativa en la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb).
El pasado martes, un fotoperiodista y un equipo de prensa de la red Unitel, fueron denigrados y agredidos físicamente por activistas que manifestaron su apoyo a Edgar Salazar, quien tomó por la fuerza la sede nacional de la Apdhb.
Según el documento emitido por la ANPB, estos ataques tienen como objetivo impedir que se documente la beligerancia y violencia con las que grupos afines al partido en el Gobierno intentan intimidar a Amparo Carvajal, presidente de la Apdhb, quien está resguardada en la terraza del edificio como muestra de su determinación para defender los derechos humanos.
Ante esta situación, se solicitó garantías para el trabajo periodístico y protección para Amparo Carvajal, quien representa un bastión en resistencia contra los embates dirigidos hacia las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Además, personas presentes en las inmediaciones han denunciado que Amparo Carvajal sufrió tortura después de subir a la terraza. Los detractores instalaron un parlante con volumen alto y profirieron insultos y amenazas contra ella.
Javier Quisbert, presidente del Comité Departamental por los Derechos Humanos en La Paz, ha calificado lo ocurrido como «tortura psicológica», ya que aquellos movilizados en contra de Carvajal pusieron música con el objetivo de afectarla.
Además, afirmó que funcionarios públicos movilizados contra ella actuaron con complicidad policial e incluso agredieron a la prensa.
Ante estos hechos, la ANPB exigió al Gobierno y a su aparato político el cese de la ocupación de la sede de la Apdhb, que desde el pasado 2 de junio obstaculizó la defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y pensamiento.
Asimismo, se hizo un llamado a la intervención de la comunidad internacional para garantizar la seguridad de Amparo Carvajal y permitir que los defensores y defensoras de derechos humanos puedan continuar desarrollando su labor en las oficinas de la Apdhb.
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