La posibilidad de iniciar procesos penales contra los actuales magistrados por una supuesta vulneración de las disposiciones constitucionales está abierta, según declaró hoy el senador William Torres en la sede de Gobierno. El senador hizo referencia a las continuas ampliaciones de plazos para la resolución de acciones de defensa constitucional y recursos relacionados con las elecciones judiciales.
Torres también refutó que las altas autoridades judiciales dicten constantemente resoluciones para extender los plazos en diferentes casos, argumentando una carga excesiva de trabajo. En este sentido, enfatizó que deben cumplir con lo establecido en el Código Procesal Constitucional, específicamente en los artículos 25 y 26 que contemplan los plazos y notificaciones a ser atendidos.
«Es llamativo que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) nos informe inexplicablemente que recién a finales de julio emitirá la sentencia constitucional», expresó Torres.
Esa situación paralizó el proceso electoral judicial hasta que se publique dicha sentencia.
El senador señaló preocupación debido a que el tiempo no será suficiente para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realice las elecciones dentro del sistema electoral boliviano.
«No quiero creer que esta acción del Tribunal Constitucional Plurinacional esté dirigida a permitir al Órgano Ejecutivo emitir un decreto supremo ampliando o prorrogando el periodo de funciones de los actuales magistrados», manifestó Torres según reportes de LA PATRIA desde La Paz.
En ese sentido, también destacó la inconstitucionalidad si el Presidente Luis Arce elige a los nuevos magistrados mediante un decreto, ya que el artículo 183 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que deben ser elegidos exclusivamente a través del sufragio universal. Además, el artículo 184 establece que los magistrados cumplen un mandato de seis años y no pueden ser reelegidos.
En la misma línea, el senador Erik Morón expresó su descontento con el retraso en la reforma judicial y calificó como «chicanería jurídica» por el TCP, lo cual resulta en una espera por la resolución.
«Están jugando con un interinato, ampliando el mandato de los actuales y posiblemente cambiándolos y designándolos a dedo», acusó Morón.
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