Diplomáticos de carrera presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, por presuntas violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. La demanda, que asciende a siete millones de dólares, fue presentada el lunes 3 de julio, dos años después del despido de los diplomáticos de la Cancillería.
Javier Vizcarra, representante de los diplomáticos afectados, declaró a LA PATRIA en La Paz que esta acción busca hacer valer sus derechos y evidenciar cómo se vulneró la carrera diplomática en Bolivia, dejando al país indefenso en sus relaciones internacionales.
Según Vizcarra, no se trata solo de un tema laboral, sino también del impacto en las relaciones exteriores del país.
La demanda incluye además al director administrativo de la Cancillería, Fernando Magnani; así como a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), René Espada y Gonzalo Hurtado. Los diplomáticos recurrieron a instancias internacionales debido al agotamiento y falta de respuesta por parte de los recursos nacionales.
Vizcarra aseguró que todos los despidos fueron ilegales y criticó el argumento utilizado sobre un supuesto déficit en la carrera diplomática como excusa para apartar a estos trabajadores.
Lo calificó como absurdo. Además, explicó que aunque la suma solicitada sea elevada (siete millones de dólares), el Estado tiene capacidad para resarcirlo mediante un Proceso de Repetición donde esa cantidad sería cobrada a Mayta y los demás acusados.
Más de 100 diplomáticos fueron afectados por los despidos en la Cancillería y desde entonces no han logrado conseguir empleo en otras instituciones públicas u organismos especializados, ya que aparentemente fueron incluidos en supuestas listas negras.
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