El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, denunció el miércoles 7 de junio que el proyecto de Ley para el uso, control y funcionamiento técnico del dispositivo eléctrico de vigilancia, es un fomento a la corrupción por el Gobierno.
Según Alarcón, esta normativa está diseñada específicamente para perjudicar a la expresidente Jeanine Añez y al gobernador de Santa Cruz Fernando Camacho.
El proyecto especifica que los dispositivos no se aplicarán a aquellos sindicados por terrorismo; sin embargo, aquellos con procesos por corrupción sí serán beneficiados con esta medida, exceptuando a los acusados por legitimación de ganancias ilícitas.
Alarcón calificó esta iniciativa como un claro fomento a los otros 33 delitos de corrupción estipulados en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
«Están diciendo: miren no se preocupen, hagan la corrupción que quieran porque solo tendrán una tobillera y con eso está arreglado el asunto; no van a ir a la cárcel con detención preventiva», declaró a LA PATRIA en La Paz.
En caso de aprobarse el proyecto de ley, uno de los beneficiados sería el exministro Juan Santos Cruz, quien cumple detención preventiva acusado de recibir al menos 19 millones de bolivianos en coimas.
El Gobierno sugirió la implementación de estos dispositivos electrónicos para sustituir la detención preventiva y reducir el hacinamiento en las cárceles donde la mayoría de los reos no tiene una sentencia condenatoria.
Estos aparatos incluirán una alarma para advertir actividades irregulares del sindicado y la incorporación de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS), lo que permitirá saber si está incumpliendo la delimitación geográfica determinada.
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