Violaciones graves de los derechos humanos, además del uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este miércoles, en su informe sobre las protestas en Perú, que se iniciaron cuando Dina Boluarte asumió el poder.
El informe titulado Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales, es el resultado de la visita de una delegación al país vecino del 11 al 13 de enero de este año, en la que recabaron información sobre los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, cuando ocurrieron las protestas ciudadanas.
Según su análisis, la situación ventiló un fuerte deterioro del debate público, también la estigmatización regional por factores étnicos y raciales; otro aspecto que determinaron, fue la tensión entre la capital Lima y otras regiones donde predomina la población indígena.
Durante las protestas, la CIDH concluyó que existieron situaciones de violencia que no son amparadas por el derecho a la protesta, no obstante, también se registraron episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos.
“En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones”, se lee en una parte del informe.
En el caso específico de Ayacucho, pidieron investigar violaciones a los derechos humanos por razones étnico-raciales, que al ser cometidas por agentes del Estado, pueden considerarse como ejecuciones extrajudiciales; teniendo en cuenta las múltiples privaciones del derecho a la vida, también puede ser calificado como masacre.
Respecto a lo acontecido en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, la CIDH determinó que también hubo excesivo uso de la fuerza por agentes del Estado, que resultaron en afectaciones a protestantes y terceras personas.
Ante este escenario, el ente internacional señaló que la situación del Perú, requiere un amplio diálogo con enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad sean representados.
De igual forma, sugirieron trabajar en aspectos como la superación de la crisis; seguridad ciudadana; reparación y atención a víctimas de violaciones de derechos humanos; lucha contra la impunidad; institucionalidad democrática; y libertad de expresión, reunión y asociación.
/ LMPT
