Los avasalladores que tomaron Santagro comenzaron a cosechar hace una semana 1.800 hectáreas de soya que no sembraron, según denunciaron propietarios del predio y su abogado, Jorge Franco.
Se conoce que el valor de la soya a cosechar alcanza aproximadamente los 2 millones de dólares.
Asimismo, el abogado denunció que hasta la fecha no se pudo realizar una reconstrucción de los hechos, ni un debido levantamiento de pruebas tras la confrontación, acontecida el 29 de marzo, que dejó un saldo de dos muertos.Santagro fue invadido el 25 de diciembre del año pasado de forma violenta por un grupo de avasalladores, quienes continúan en posesión del predio a pesar de existir una intervención policial.
“Los avasalladores están robando la cosecha con resguardo policial, pese a existir una medida cautelar”, indicó el jurista en una conferencia de prensa.
Asimismo, indicó que el daño económico que están sufriendo sus clientes se debe al Estado.
“Vamos a demandar al Estado boliviano porque es el responsable de que hasta el momento no se hubiese podido alzar la cosecha en el predio”, manifestó.
Especificó que existe una importante extensión de soya sembrada y malograda que causará también un serio daño ambiental, del cual responsabilizan al Estado por no resguardar los derechos a la propiedad privada y al trabajo.
AVASALLADORES Y VECINOS
El grupo que tomó Santagro desde hace 124 días está dividido en tres campamentos que alojan a más de 100 personas.
Cerca de uno de los campamentos de los comunarios, a unos 300 metros, hay un campamento de la Policía.
“Ahorita hay presencia policial y ayer estuvo la Fiscalía por ahí”, sostuvo un trabajador.
Los vecinos de predios colindantes y cercanos a Santagro se sienten inseguros por lo que ocurre.
“Si le pasó eso a ellos, nada nos asegura que no se entren a nuestras tierras”, aseveró.
ALLANAMIENTO
El abogado de los dueños de Santagro dio a conocer que entre el miércoles 26 y el jueves 27 de abril, dos fiscales allanaron los domicilios y las oficinas, de sus abogados e, incluso, de sus acreedores, sin que exista una citación de permiso.
“Hasta el momento, ni nosotros ni los abogados de las personas que están siendo amedrentadas hemos tenido acceso al expediente cautelar ni al proceso en sí, pues lo han diversificado, vulnerando los principios del debido proceso”, recalcó.
El legista aseveró que ambos fiscales enviaron a la fuerza pública a irrumpir en oficinas y negocios de los acreedores para llevarse equipos con el argumento de la investigación.
