El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma fue citado por segunda vez para declarar el próximo 10 de mayo, por los supuestos delitos de atentado contra la integridad nacional en el Perú. El 14 de marzo fue citado mediante cédula de notificación por la Fiscalía de Puno.
Morales fue citado en primera instancia el 14 de marzo, vía virtual, sin embargo, no acudió, ahora la Fiscalía de Puno reprogramó para el 10 de mayo de manera virtual.
En este proceso son investigados: El gobernador regional de Puno, Germán Alejo y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, junto al jefe nacional del MAS IPSP, Evo Morales.
La investigación fue abierta por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, ante las supuestas acciones del exmandatario.
El pasado 17 de noviembre, en la misma población, Evo Morales recibía una condecoración, donde el Gobernador aseguró que Puno se uniría al proyecto Runasur donde Morales impulsó su ansiada «Patria Grande» o «Nación Aymara».
“Desde hace dos años que estamos en Runasur, ¿Qué es Runasur? es la Unasur de los pueblos originarios. Empezamos con Ecuador, Argentina, y ahora va creciendo. Hermano gobernador, bienvenidos los hermanos originarios y de toda América Latina para empezar a liberar a toda América, antes Abya Yala’”, dijo Morales en ese entonces.
La intención de unir Puno a la Runasur habría sido ratificada por su gobernador Germán Alejo, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso cinco días después de la caída de Pedro Castillo, el 12 de diciembre.
Sin embargo, el proceso contra la exautoridad, también surge ante los constantes pronunciamientos que hizo durante el conflicto político y social que atravesaba Perú, tras la destitución del presidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte.
Asimismo, el abogado de Morales en Perú, Raúl Noblecilla, no descartó que su defendido, nuevamente no se presente, considerando que está frente a “una persecución política”, cuya sentencia ya estaría escrita, tomando en cuenta además algunos otros elementos como la declaratoria de Evo «persona no grata» por el Congreso peruano.
Además de considerar que el fiscal que lleva el caso, podría solicitar inmediatamente su detención preventiva con fines de extradición, debido a que el investigado estaría obstaculizando el accionar de la justicia.
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