La Comisión de Fiscales presentó una imputación y abrió proceso en contra de la expresidente, Jeanine Áñez, en el caso denominado Senkata, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, en el proceso que se realiza en la vía ordinaria; la pena es de hasta 30 años de prisión.
La imputación tiene fecha del 17 de abril y fue presentada ante el juzgado penal cautelar primero de El Alto.
“La suscrita comisión de fiscales de materia imputa formal y provisionalmente a la ciudadana Jeanine Añez Chávez por la probable comisión delictiva de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves; previstos y sancionados en el Código Penal en grado de autoría. Pidiendo en consecuencia ante vuestra autoridad se tenga presente y se inicie formalmente el proceso”, indica la Fiscalía en su documento de imputación.
En este caso se investigan los hechos de 2019, cuando movilizados en El Alto protestaban contra la asunción de Añez bloqueando la planta de Senkata. Entonces, el 19 de noviembre, un operativo para sacar combustible de esas instalaciones dejó el saldo de diez muertos y varios heridos.
La comisión de fiscales pidió al juez que, como medida cautelar, disponga seis meses de detención preventiva de Añez en el penal de Miraflores, mientras se realiza la investigación. La exmandataria ya está en esa prisión por otros casos.
Añez insiste en que le corresponde un juicio de responsabilidades, que se desarrolla ante el Tribunal Supremo de Justicia con previa autorización del Legislativo, puesto que los hechos de Senkata ocurrieron durante su ejercicio como Presidente.
INVESTIGACIÓN
Después de sendas investigaciones, organizaciones internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyeron que en Senkata hubo una masacre; es decir, un asesinato de personas que, en ese momento, estaban movilizadas.
Policías y militares se movilizaron hasta Senkata después de que Áñez y su gabinete de ministros firmaran el decreto 4078; que les autorizó el uso de la fuerza sin ningún tipo de responsabilidades por los hechos.
Días antes, en la población de Sacaba, otras 16 personas perdieron la vida en acciones policiales y militares similares a las de Senkata.
Los abogados de Jeanine Áñez consideran que la imputación de la Fiscalía no tiene objetividad, porque no califican de pacífica, la protesta de 2019 en Senkata.
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