El 62% de la población boliviana señaló que las acusaciones del exministro Carlos Romero, sobre la presunta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), es cierta. El 26% no sabe, no responde; y el 12% indicó que, son falsas, según estudio de la empresa Diagnosis.
Del 62% de la población, un 30% percibió un aumento de corrupción en el Gobierno del Presidente Luis Arce y un 32% afirmó una subida, pero en menor medida.
Asimismo, un 19% indicó que la corrupción en el país sigue igual y otro 19% señaló que disminuyó.
Referente a la pregunta: “¿El ala evista busca acortar el mandato de Arce o solo quiere perjudicar al Presidente?”; un 36% cree que el ala evista pretende acortar el mandato de Arce, un 35% que solo quiere perjudicar al Presidente y 29% no sabe, no responde.
Este estudio fue compartido por el exministro a través de su cuenta de Facebook con un escrito que dice “Juzguen ustedes”.
El 29 de marzo, varios exministros de Evo Morales junto a legisladores oficialistas, denunciaron casos de presunta corrupción en YPFB, asimismo, el exministro Carlos Romero, acusó al presidente de esta entidad, Armin Dorgathen, de incriminar al Instituto Nacional de Estadística (INE) por sacar datos inexactos.
La exautoridad informó que, a partir del 2 de marzo, hicieron públicas sus denuncias y que presentaron un documento de 70 páginas, en las cuales detallan las cuatro graves irregularidades en la gestión de YPFB.
La primera tiene que ver con la eliminación de las licitaciones públicas y la eliminación consiguiente de todos los mecanismos de fiscalización y transparencia de las contrataciones para la importación de combustibles a cargo de YPFB.
La segunda irregularidad que el exministro de Gobierno denunció, fue la sobre importación de combustibles, el comportamiento interno tanto de gasolina como diésel, que oscila en un cinco y ocho por ciento.
En la tercera denuncia, Romero mencionó que la importación de combustible Premium se manejaba un precio de 14 dólares por metro cúbico durante la gestión del expresidente, Evo Morales, y hoy, ese promedio se multiplicó a 200 dólares.
Consideró que los precios exagerados llegan no sólo a los trader, subtrader, que operan en la venta, sino también a bolsillos de funcionarios “corruptos” de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos.
Otra presunta irregularidad, explicada por Romero, consiste en que las adquisiciones de combustibles en Bolivia quedaron en manos de dos empresas expulsadas de varios países, por investigaciones de corrupción.
Confirmó que, el 90% de la compra de combustibles se hace a través de una empresa intermediaria, donde trabajan exfuncionarios de YPFB, que ya tenían denuncias.
