La Ley de Imprenta está segura como parte del proceso democrático, en el marco de los artículos 106 y 108 de la Constitución Política del Estado (CPE), y no se aprobará ninguna normativa en su contra, declaró la pasada jornada la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
La autoridad explicó que esa postura fue emitida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegurando que el Gobierno del Presidente Luis Arce no dará el visto bueno a ninguna ley que atente contra la Ley de Imprenta ni que permita que los periodistas sean procesados ante tribunales ordinarios.
El pronunciamiento de Alcón surgió después de que sectores de la prensa acusaron al Ejecutivo de remitir proyectos de ley que atentan contra la libertad de expresión.
En ese sentido, aclaró que lo que planteó el Ministerio de Justicia a la Asamblea Legislativa, tiene el fin de mejorar la redacción de la Ley 045 del año 2010, con relación a la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, según informó la red de noticias Erbol.
Con la modificación se incorporaría la defensa de los derechos humanos en la Ley 045, se extiende como posibles sujetos procesales a servidores públicos, pero se mantiene lo que ya estaba estipulado sobre los trabajadores de la prensa.
Finalmente, explicó que cuando fueron observados por algunas publicaciones recurrieron a los Tribunales de Ética y, según su criterio, esa es una muestra de que, si bien la Ley de Imprenta faculta a las víctimas acudir a la justicia ordinaria en caso de difamación, el Gobierno no hizo eso ni lo hará.
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