El caso de Dani Alves continúa sumando nuevos capítulos, y prácticamente todos van en su contra muy a pesar de los intentos de su abogado, Cristóbal Martell, de desacreditar la firme versión de la víctima de la presunta agresión sexual que tuvo lugar el pasado 30 de diciembre en la discoteca barcelonesa de Sutton.
Tras escuchar el relato de la joven de 23 años y las cambiantes declaraciones de Alves, el Juzgado número 15 de Barcelona decidió mandar al futbolista a prisión y sin fianza a espera de que se celebre su juicio. Una decisión para la que Martell ha presentado un recurso cuyo fin es sacar de la cárcel a su representado, ya sea con la retirada del pasaporte, una orden de alejamiento o la imposición de una pulsera telemática, asegurando además que el brasileño no escapará de la justicia.
Pero, a todo ello, se le sumó el despido del jugador en el que era su equipo, los Pumas (México). Un club que ahora pide a Alves una millonaria indemnización al haber violado los términos de comportamiento que figuraban en su contrato firmado en julio de 2022.
Se supo que en un correo enviado al futbolista, se vuelve a especificar las cláusulas del contrato que tenía, y donde se indican diferentes cláusulas que podrían penalizar a éste. Entre los supuestos destaca la participación del jugador “en cualquier escándalo que se haga público”, y “en cualquier acto que sea considerado delito según la legislación del país en el que haya tenido lugar”, siendo éste último caso el que requiere una compensación económica por parte del futbolista.
“Por infracciones muy graves del jugador, en los términos previstos en las cláusulas decimocuarta y decimoquinta del contrato, el jugador está irremediablemente obligado a reembolsar al club el pago de la indemnización prevista en la cláusula decimocuarta del contrato, en la cantidad de cinco millones de dólares americanos (4,5 millones de euros), netos, es decir, libres de todo impuesto o retención”, apuntan.
En dicho correo electrónico, también se especifica que los Pumas se reservan “el derecho de emprender todas y cada una de las acciones ante la FIFA y/o cualquier otra jurisdicción relevante, competente, para reclamar la compensación pactada y que recoge la cláusula decimoquinta del contrato”.
