El Estado de Bolivia es declarado como responsable de violación internacionalmente de los derechos humanos, en el caso Blas Valencia, según declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dictaminando una indemnización de 800 mil dólares para los afectados y su defensa.
La investigación del caso Blas Valencia, es por el atraco que se registró en diciembre de 2001, tiempo en el que registró el atraco a un vehículo de seguridad de la empresa Prosegur, por un grupo delincuencial en la ciudad de La Paz, y en un tiroteo se registró la muerte de tres personas.
Según estableció la Corte IDH, las familias del principal implicado, el expolicía Blas Valencia y otros, fueron sometidos a la vulneración de los derechos de la libertad personal, vida privada, domicilio, protección de la familia, al derecho de la propiedad, integridad personal, derecho de la mujer a vivir libre de violencia, derechos de la niñez, derecho a la vida, a la salud, garantías judiciales, protección judicial, honra y dignidad.
Considerando que los allanamientos que se desarrollaron en altas horas de la noche, además de las detenciones realizadas por las fuerzas del orden, están en contra de las normas vigentes, porque se utilizó la fuerza desmedida y violencia innecesaria. También, se denunció diferentes actos de tortura, a los que fueron sometidos los detenidos.
Ante estos hechos, la Corte IDH determinó que se pague diferentes montos de indemnización a las 26 víctimas, montos que van desde los diez mil hasta los 65 mil dólares.
El monto más alto, de 65 mil dólares, es para una mujer quien sufrió un aborto a causa de la violencia que sufrió por la Policía.
Blas Valencia, el principal implicado en el atraco, debe recibir 20 mil dólares.
En el caso de 12 víctimas, la indemnización es de 40 mil dólares, incluyendo un adicional de mil dólares para una persona cuyas joyas fueron secuestradas y no devueltas.
Hay un total de 11 víctimas, el pago debe ser de 20 mil dólares y dos deben recibir diez mil.
Para las víctimas que ya fallecieron, la indemnización debe pagarse a sus derechohabientes.
Para cubrir gastos solicitados, la Corte fijó un monto de diez mil dólares para cada una de las tres representaciones de las víctimas.
Estableció un plazo de un año para cancelar las indemnizaciones y, en caso de mora, se debe pagar un interés, según publicó Erbol.
