Con el objetivo de controlar las protestas sociales que se registran en el Perú, el gobierno de Dina Boluarte decidió extender el Estado de emergencia, desde el 15 de enero y hasta por 30 días, en cuatro regiones del país, Lima, Cuzco, Puno y el Callao, con el objetivo de controlar los ánimos de los manifestantes, quienes ya registran 49 bajas fatales desde que se iniciaron las protestas.
La determinación se hizo conocer mediante el Decreto Supremo N° 009-2023-PCM, publicado en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, haciendo conocer el alcance del estado de emergencia, porque el decreto establece que también la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac; así como a las provincias de Tambopata y Tahuamanu, en Madre de Dios, además del distrito de Torata en el departamento de Moquegua, son afectados con la normativa.
“Declarar a partir del 15 de enero de 2023, por el término de 30 días calendario, el estado de emergencia en los departamentos de Puno, Cusco, Lima, en la Provincia Constitucional del Callao, en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios, y en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, refiere la publicación.
El decreto determina que en las circunscripciones antes mencionadas quedan suspendidos los derechos constitucionales de la inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, de reunión, y de libertad y seguridad personales.
Ante la ola de violencia, el gobierno peruano busca el diálogo, así manifestó su ministro de Desarrollo e Inclusión social, Julio Demartini, invitando a los manifestantes a encontrar canales de diálogo, antes que se reprima a la gente, porque no se quiere más fallecidos. La norma lleva las firmas de la presidenta Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y los titulares de las carteras de Defensa, Interior y de Justicia.
