Como medida de presión, solicitando amnistía para los más de 190 presos políticos, las plataformas ciudadanas de Cochabamba, anuncian que se dejará de utilizar los servicios de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), pidiendo reabrir las investigaciones por el supuesto fraude electoral de 2019.
Según explicó el activista cochabambino, Alejandro Almaraz, en entrevista con El Deber, existe un manejo discrecional de los recursos que se generan en las denominadas empresas estatales, mismos que podrían ser utilizados por el Gobierno para dar incentivos a la Policía en las represiones como ocurre en Santa Cruz. Por ello, se busca que los bolivianos inicien una migración de empresa telefónica.
«Si el Gobierno quiere salvar Entel, debe decretar amnistía para los presos políticos y con su mayoría parlamentaria poner en vigencia una ley que le ponga punto final a la detención preventiva como instrumento de represión política», explicó Almaraz.
En respuesta a las afirmaciones que realizó el activista, desde Entel Cochabamba aseguran que los recursos que genera la empresa se destinan a financiar el pago de la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto.
