Para este 2023 la Gobernación de Oruro destinó aproximadamente seis millones de bolivianos para seguridad ciudadana, sin embargo, la preocupación radica en que gran parte de este presupuesto se destina al pago de alimentación y servicios básicos de las cárceles, San Pedro y La Merced.
«Aproximadamente seis millones de bolivianos son para esta gestión y obviamente una de las debilidades de este presupuesto es el pago de la alimentación de los privados de libertad y son aproximadamente 1.500 personas, como Gobernación estamos obligados a realizar este pago», apuntó el director departamental de Seguridad Ciudadana, Edgar Moncada.
De los seis millones de bolivianos, el 50 por ciento se destinará para los prediarios de las personas que están recluidas en San Pedro y La Merced.
Además, la Gobernación de Oruro debe hacerse cargo del pago de servicios básicos, agua, electricidad, telefonía, entre otros.
Las autoridades consideran que uno de los factores que incide en la gran cantidad de privados de libertad es la detención preventiva, y para ello tienen previsto una reunión con las autoridades del Organo Judicial.
«Creemos que no deben pasar por la detención preventiva, la detención preventiva hace que nos afecte en tema presupuestario», añadió.
Moncada explicó que el año pasado se tuvo un desfase en el tema de la alimentación toda vez que subió la proyección de esa partida presupuestaria.
Como alternativa a este tema enviaron notas al Ministerio de Economía para que se destine otra partida presupuestaria para los prediarios y no afecte al presupuesto para seguridad ciudadana, sin embargo, la respuesta fue negativa.
De acuerdo a norma nacional se tiene establecido que las entidades territoriales autónomas departamentales son responsables del pago total de los gastos por prediarios de todas las personas privadas de libertad ubicadas en su departamento.
