Se registraron al menos, 75 casos de agresiones a trabajadores de la prensa durante conflictos sociales en Santa Cruz, desde fines de 2021, en 2022 y los primeros días de 2023; todos los casos registrados quedaron en la impunidad.
De acuerdo con datos de las organizaciones sindicales de la prensa de esa región del país, 52 periodistas, camarógrafos y fotógrafos fueron víctimas de agresiones solo durante el paro por el Censo que duró 36 días. Otros 16 fueron atacados y heridos durante conflictos de avasallamientos de tierras.
Mientras que ahora, ya son siete los periodistas que denunciaron ser víctimas de ataques durante las protestas por el encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
En cuanto a los autores de estas agresiones, en el caso de los avasallamientos se le atribuyó la responsabilidad a civiles; no obstante, durante los conflictos en el paro por el Censo se señaló a grupos afines al Gobierno de ser quienes atacaban a los periodistas, según informó la Agencia de Noticias Fides.
Sin embargo, durante esta nueva época de conflictos en Santa Cruz, se denunció a la Policía como la principal agresora, es decir, una de las entidades que debería garantizar el trabajo de la prensa.
Ante este hecho, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (Fstpc) le recordó al Gobierno del Presidente Luis Arce, que es su obligación proteger a los trabajadores de la prensa, en cumplimiento de las leyes que rigen en el país.
Tal es el caso del Artículo 106 de la Constitución Política del Estado (CPE), en el que se establece que se debe garantizar el ejercicio laboral de los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, y el derecho a la comunicación e información.
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