El cese a la persecución política fue la petición realizada en horas recientes por el Comité Cívico pro Santa Cruz que además se declaró en emergencia, tras conocerse los procesos judiciales en contra de los líderes cruceños por los 36 días de paro en esa región.
A través de un comunicado, el ente cívico exigió a los operadores de Justicia ejercer su labor independientemente y con transparencia, además de que trabajen en cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) y la normativa vigente, según informó la red de noticias Erbol.
“Nos declaramos en estado de emergencia y alerta permanente exigiendo el cese de la persecución política”, remitió parte del pronunciamiento difundido en las redes sociales del Comité pro Santa Cruz.
En lo últimos días se conoció al menos tres procesos que se abrieron en contra del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho; del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; y el rector de la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” (Uagrm), Vicente Cuéllar.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, explicó que todos los procesos serán acumulados en un solo caso y serán analizados por una comisión de fiscales de la Sede de Gobierno.
Las acciones judiciales se iniciaron por el paro de 36 días en Santa Cruz que exigió la realización del Censo en 2023, no obstante, se terminó aceptado que se ejecute en 2024.
Durante el tiempo que duró la medida de presión, distintas autoridades gubernamentales denunciaron que se cometieron actos violentos, vulneraciones a los Derechos Humanos, discriminación y otros.
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