El Estado boliviano no aplicó ninguna de las cuatro recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al denominado caso terrorismo, pese a que ya pasó un año desde que se emitió el informe 13.546 rotulado como “Mario Tadic Astorga y otros-Bolivia”.
El abogado principal de la parte demandante, Gerardo Prado, explicó que dado este escenario no se descarta que se inicien acciones legales a nivel internacional, según informó la Agencia de Noticias Fides.
“(Las) recomendaciones, en realidad son obligatorias porque si los estados no las cumplen evidentemente lo que procede es continuar con el procedimiento y llevar el caso a la Corte Interamericana para que se lleve un juicio contra el Estado. La Comisión es la que lleva el juicio, yo estimo que el siguiente año este caso ya estaría en la Corte Interamericana, ahí empezaría todo de nuevo”, explicó.
El 21 de diciembre de 2021, la CIDH emitió su informe respecto a este caso acontecido en 2009, en ese documento se establecieron cuatro recomendaciones que el Estado ya debería haber aplicado, no obstante, el abogado Prado aseguró que hasta el momento no hubo ningún acercamiento.
Las cuatro recomendaciones de la CIDH son: reparación integral con compensación económica a los afectados; rehabilitación física y mental con consentimiento para los demandantes; proceso penal a los que violentaron los derechos de los demandantes; y adoptar medidas para que no se repitan este tipo de situaciones.
Ante la ineficacia del Estado para atender casos relacionados con Derechos Humanos, el jurista cuestionó la imparcialidad de la Defensoría del Pueblo porque el Gobierno designó a uno de sus allegados; también se refirió al caso de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb), en el que un simpatizante del Movimiento Al Socialismo (MAS), pretende sustituir a la presidente permanente de ese ente, Amparo Carvajal.
“El Estado no ha hecho ninguna investigación desde el año 2009 hasta la fecha, es algo recurrente que hasta la fecha no cambia. Por eso yo lo veo muy difícil, porque la estructura pública del Estado con relación a Derechos Humanos tiene que cambiar, es la visión general la que tienen que cambiar”, manifestó Prado.
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