El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó en pasadas horas que el mercado de la coca ubicado en la calle 1 de Villa El Carmen, que está dirigido por el dirigente Arnold Alanes, afín al Gobierno, no cuenta con licencia de funcionamiento municipal como ocurre con todas las actividades económicas del sector.
También precisó que el único que tiene los documentos legales para la comercialización de la hoja verde es la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) que está ubicada en Villa Fátima.
“Pregunté a mi subalcaldesa de la Periférica si el mercado paralelo que se ha abierto tenía permiso de la Alcaldía de La Paz porque es como un centro de negocios, pues no lo tiene. El único que tiene es el que dice la ley (906 Ley General de la Coca), el de Adepcoca, que está ahí arriba de la plaza del Maestro”, señaló Arias.
Desde el 19 de julio, el dirigente afín al Movimiento Al Socialismo, abrió el mercado “ilegal” de coca en la calle 1 de Villa El Carmen, situación que ha generado molestia en los productores de la hoja verde de Adepcoca, por esa razón desde el 1 de agosto se movilizaron y enfrentaron con la Policía exigiendo a las autoridades de Gobierno el cierre de ese espacio que está funcionando fuera de la norma.
El alcalde lamentó que en este caso existan “cuestiones ilegales” como el funcionamiento del mercado paralelo de la coca al margen de la Ley 906 y sin permiso municipal, además, que ninguna autoridad nacional ponga freno a la violencia que se genera en este sector de la ciudad desde la semana pasada.
“Ya se arregló, el año pasado, ya hubo un problema similar. Se terminó aceptando que habría un solo mercado, pero inmediatamente abrieron uno más arriba y luego compraron otro. Es decir, campea la ilegalidad, provoca este tipo de conflictos que, por supuesto nos tienen a los paceños tensionados”, señaló Arias.
La Ley 906 señala que los únicos mercados para comercializar la coca son los de Adepcoca en Villa Fátima en el departamento de La Paz y el de Sacaba en Cochabamba.
Los cocaleros de Adepcoca que ahora se encuentran movilizados exigen que se cumpla esa ley que fue aprobada por el gobierno de Evo Morales y por el partido gobernante.
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