Según el documento que presentó la Fiscalía, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB),no se constituyó como parte querellante en contra del exdirigente Max Mendoza de 53 años, tras descubrirse que era beneficiado con un sueldo de casi 22 mil bolivianos al mes, sin cumplir los requisitos que se necesitaban para ocupar el cargo como miembro del Presídium XIII del Congreso Nacional Universitario en 2018.
“(…) Tenemos a bien apersonarnos al presente proceso constriñéndonos en calidad de conforme lo dispuesto por el Art. 76. (Víctima). Se considera víctima: ‘Núm. 3. A las personas jurídicas en los delitos de que les afecten; ‘Núm. 5. Al Estado, a través de sus instituciones, en los delitos que le afecten’, en tal sentido nos apersonamos ante el presente proceso y comisión de fiscales, comprometiéndonos a coadyuvar con el transcurso de investigaciones, solicitud que la realizamos al amparo del Art. 24 de la Constitución Política del Estado”, indica el memorial enviado a la Fiscalía el 2 junio y firmado por Freddy Mendoza, Ejecutivo del CEUB, Israel Centellas y Waldo Caballero.
El ejecutivo de CEUB, Freddy Mendoza, es acusado de estar relacionado con la cúpula que permitió a Max Mendoza beneficiarse con el cargo y así poder ganar casi 22 mil bolivianos al mes. Pese a las acusaciones la autoridad negó tener algún tipo de relación y anunció que realizará una auditoría para develar las irregularidades que se cometieron bajo la dirigencia del universitario.
Por ahora solo se conocen seis denunciantes en contra de Mendoza y entre ellos están tres diputados, un estudiante, un docente y el rector de la universidad de San Andrés, Oscar Heredia. Se desconoce si otras instituciones universitarias forman parte querellante en el proceso.
Al respecto el fiscal departamental de La Paz, William Alave, precisó que las seis denuncias refieren a los delitos de malversación de fondos públicos, uso indebido de influencias, beneficios en el cargo, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público y uso indebido de bienes y servicios públicos.
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