Luego de ser declarada rebelde en el caso por el envío de armamento no letal desde Ecuador, la exministra de Comunicación del Gobierno transitorio, Roxana Lizárraga, denunció este lunes que sufre la violación a sus derechos humanos e hizo acusaciones contra el fiscal General, Juan Lanchipa y el fiscal departamental de La Paz, William Alave.
Mediante un comunicado escrito, Lizárraga consideró que existe una “vendetta” del fiscal Alave, debido a la forma en que fue removido del cargo.
Anteriormente, William Alave fue fiscal departamental hasta febrero de 2020, periodo del Gobierno transitorio, cuando fue cambiado por Marco Cossío. En abril de 2021, después de asumir otro Gobierno, Alave fue designado nuevamente en el cargo que ocupa en la actualidad.
Asimismo, Lizárraga, dirigiéndose a Alave, afirmó que se equivoca al perseguirla, porque el fiscal General, Juan Lanchipa fue quien negoció la Fiscalía de La Paz y otras con el Gobierno transitorio, en específico los entonces ministros Yerko Nuñez y Arturo Murillo.
Incluso aseveró que, en ese entonces, Lanchipa tenía un trabajo cercano con Murillo y Núñez.
“Debo señalar al S. William Alave que se equivoca al perseguirme. Lanchipa ofreció las fiscalías de distrito de La Paz y Santa Cruz al Sr. Nuñez y al Sr. Arturo Murillo. Se mantuvo al actual fiscal general ya que se puso a disposición del Gobierno transitorio e inició un trabajo cercano con Arturo Murillo y Yerko Nuñez (sic)”, señala el comunicado de Lizárraga publicado en redes sociales.
Según la exministra, durante el Gobierno transitorio Lanchipa pidió tiempo para entregar la Fiscalía de La Paz a gente de confianza de Nuñez, mientras que las fiscalías de Cochabamba y Santa Cruz eran para Arturo Murillo, según reporte de la red Erbol.
La exautoridad declaró que no es casualidad que el fiscal Eddy Flores la haya imputado, puesto que, según afirmó, es de confianza de Alave. Además acusó a Flores de dirigir una persecución en contra de su exesposo y padre de sus hijas, junto con el abogado de Juan Ramón Quintana.
Violación a sus derechos
La exministra de Comunicación consideró que sufre una “tremenda violación” a sus derechos, con la declaratoria en rebeldía en su contra.
Ratificó que se encuentra fuera del país y aseveró que este mes envió un memorial al juzgado del caso, para indicar dónde puede ser ubicada y notificada, sin embargo, igual se emitió la rebeldía.
Asimismo, aseveró que, al estar en el exterior, no es válido en su contra un edicto de alcance nacional. Denuncio además que no fue notificada de manera deliberada, para que esté ausente en audiencia y se le declare rebelde.
Lizárraga está imputada por presuntamente facilitar el ingreso de armamento no letal enviado de Ecuador a Bolivia en 2019,
Según la Fiscalía, el 15 de noviembre de 2019, en una reunión en la cual habría participado con Arturo Murillo, Fernando López y Jeanine Añez, en Palacio de Gobierno, Lizárraga habría tomado contacto con un personal policial de Ecuador y se habría acordado que se envíen equipos antimotín, como gases lacrimógenos y otros que fueron ingresados a Bolivia de manera presuntamente ilegal.
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