El juicio oral por el caso denominado “Golpe de Estado II” contra Jeanine Áñez se suspendió hasta el siguiente 4 de abril; el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz también ordenó la presente jornada la aprehensión de exjefes miliares.
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz ordenó la aprehensión de los siguientes exjefes militares: el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman; el exinspector, Jorge Fernández; el excomandante de las Fuerzas Armadas en la gestión del gobierno interino, Sergio Orellana y para el excomandante de la Policía, Yuri Calderón, según informó ANF.
Los individuos mandados a aprehender fueron declarados en rebeldía en cuanto se inició el juicio oral del caso denominado “Golpe de Estado II”.
“Se expida mandamiento de aprehensión en contra de los declarados rebeldes. Tercero, la designación de un defensor público a cada uno de los coacusados, declarados rebeldes, para que los representen con todos los poderes y recursos reconocidos, para cuyo efecto ofíciese del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, a objeto que designe una abogada o abogado defensor público”, reseñó parte de la resolución que se emitió.
En el mismo documento se aclara que: “La declaratoria de rebeldía no interrumpe la prosecución de juicio, por consiguiente, para seguir con la sustanciación, se señala audiencia de juicio oral para 4 de abril de 2022 a horas 09.00, acto procesal que se desarrollará de manera virtual”.
Los exjefes militares y el policía aludido en este proceso no se presentaron durante la etapa investigativa, se los acusó de estar implicados en el presunto ascenso irregular de Jeanine Añez como Presidente de Bolivia, entre el 10 y 12 de noviembre de 2019.
El tribunal dispuso la publicación de datos y señas personales de los declarados en rebeldía por medio de la prensa escrita de circulación nacional.
“En caso concreto de la plataforma establecida por el Tribunal Supremo de Justicia, mediante el sistema Ermes” señaló el documento.
En la apertura del juicio oral, la exmandataria presentó una descomposición según su abogada, Norka Cuéllar; quien además denunció el riesgo de seguridad ante grupos de personas que se manifestaban afuera del penal de Miraflores, exigiendo la condena máxima para Áñez.
La expresidente y los otros acusados afrontan el proceso penal por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, además de incumplimiento de deberes.
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