Un total de 31 vulneraciones al derecho a la protesta fueron detectadas por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas, en lo que va del año. Resaltaron que el sector de los maestros urbanos es el más afectado por la cantidad de heridos y detenidos reportados desde el inicio de sus movilizaciones.
Entre los casos suscitados en este tiempo mencionaron las agresiones a la movilización encabezada por la presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, en favor de los presos políticos, suscitado el 10 de febrero, cuando un grupo de personas los agredió.
También la detención policial a tres activistas feministas en la ciudad de El Alto, por pegar carteles que exigían justicia para las víctimas de feminicidio y la violencia de género el 4 de marzo.
Agresiones de grupos afines al MAS
En el informe recuerdan la agresión de grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la vigilia que realizaba Carolina Ribera, hija de la expresidente, Jeanine Añez, en el penal de Miraflores el 18 de febrero.
Asimismo, la provocación y agresión de grupos afines al MAS a miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, plataformas ciudadanas y activistas en los actos por el 21F en la plaza Abaroa de la ciudad de La Paz el 21 de febrero.
Del total de vulneraciones al derecho a la protesta, 15 son casos de heridos en manifestaciones, tres de impedimento de una protesta, dos de criminalización o judicialización de una protesta y se detuvo a 11 personas.
Criminalización de una protesta
Los dos casos de criminalización de una protesta se refiere a las imputaciones en contra del presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, y el ejecutivo del autotransporte de Tarija, Gabriel Pérez; a los que se acusa por de los supuestos delitos de instigación pública a delinquir y separatismo.
Ambos ciudadanos son procesados por la convocatoria al paro multisectorial de noviembre de 2021 en rechazo a la posteriormente abrogada Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
Caso de los maestros
Como resultado de diez días de movilización protagonizado por maestros urbanos, se reportaron 15 heridos y ocho aprehendidos.
Los manifestantes llegaron a la ciudad de La Paz para demandar al Ministerio de Educación, la creación de 10 mil ítems para el sector y el incremento del presupuesto en educación.
La movilización se desarrolló a nivel nacional, con marchas y bloqueos en diferentes departamentos del país; sin embargo, la protesta en La Paz se caracterizó por marchas que recorrieron calles y avenidas del centro paceño y concentraciones alrededor del Ministerio de Educación e inmediaciones de la plaza Murillo.
En su segundo día de protestas en La Paz, los maestros intentaron ingresar a plaza Murillo, pero se encontraron con la Policía que resguardaba las calles aledañas y con el uso de agentes químicos, los dispersaron, dejando el saldo de cinco heridos y cuatro aprehendidos. El sector aseveró que fueron heridos con balines, de acuerdo al reporte del diario El Deber.
El 16 de marzo, los educadores llegaron hasta inmediaciones del Ministerio de Educación, donde instalaron un bloqueo, a lo que fueron reprimidos por la Policía con agentes químicos. El hecho dejó 10 heridos y cuatro aprehendidos.
El 18 de marzo, se instaló la mesa de diálogo en la que se logró llegar a un acuerdo; el Gobierno y los maestros convinieron la creación de 800 nuevos ítems que se suman a los 2.500 que el Ejecutivo entregó en febrero.
Según Unitas, las demandas de los maestros fueron respondidas de manera inadecuada por el Gobierno.
Omisión del Estado
El observatorio señaló que la extensión del conflicto y el número de personas reprimidas, heridas o detenidas, pone en evidencia la omisión del Estado respecto al respeto y garantía del derecho a la protesta.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la protesta como un instrumento esencial a través del cual las personas y los grupos pueden dar a conocer sus opiniones a quienes los gobiernan, a fin de conformar las políticas públicas y las decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto.
Unitas recomienda que para evitar incurrir en vulneraciones, las intervenciones contra protestas deben cumplir con tres parámetros: Legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Por su parte, el relator especial sobre libertad de expresión de la CIDH recalcó la importancia de las protestas por encima de otros derechos, al ser uno de los “cimientos de la democracia”.
Respecto al caso de los maestros, resaltaron que el Gobierno atentó contra la integridad y los derechos del sector, omitiendo los deberes estatales respecto al derecho a la protesta.
Finalmente, según estadísticas del Observatorio, el Gobierno adoptó una tendencia represiva contra las protestas, pues durante el 2021, se registraron 429 vulneraciones al derecho a la protesta, incluyendo 26 represiones, 100 heridos y 282 detenidos.
En esos casos, el diálogo no fue la respuesta inmediata, ya que se optó por la movilización policial y la agresión desproporcional.
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