El reciente dato acerca de Antonio Parada, el principal investigado en el caso ítems “fantasmas”, señala que tiene un refugio político provisorio en Brasil y mientras se encuentre bajo esa condición, la solicitud de extradición que busca el Gobierno de Bolivia es “inviable”, según su abogado Tiago Bana.
La defensa legal de Parada aseguró que el Gobierno de Brasil le concedió el refugio a su defendido debido a que cumplió con todos los requisitos que se requiere y además porque ingresó al vecino país de manera legal.
“Antonio Parada Vaca pidió refugio político al Gobierno brasileño y al obtener un refugio provisorio impide la extradición de acuerdo con el tratado internacional que Brasil y Bolivia tienen”, señaló Bana.
Asimismo, Parada permanece actualmente en la prisión de máxima seguridad de Campo Grande, en el estado fronterizo de Mato Grosso del Sur con fines de extradición; sin embargo, este trámite todavía no habría sido formalizado por Bolivia.
Bana aseguró que el acuerdo internacional entre Bolivia y Brasil impide la extradición de las personas que se encuentren con refugio provisorio como en el caso de Parada, quien está bajo esa condición desde del 23 de diciembre del 2021.
Según el abogado, la captura de su defendido no fue regular y ahora pretende obtener su libertad “cuanto antes” debido a la figura legal con la que actualmente está en Brasil.
Anteriormente, una comisión de legisladores bolivianos afines al partido de Gobierno, fue hasta Corumbá para dar seguimiento a la situación de Parada en busca de su extradición para que rinda cuentas por su implicación en la creación de al menos 800 ítems “fantasma” en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.
De esa manera, según el abogado esa es una señal de “persecución política” en contra de su defendido. Además, advirtió que en caso de retornar a Bolivia sospecha que no tendrá un proceso justo e incluso habló de que pueda tener “riesgo de morir” si es encarcelado.
Autoridades de la Fiscalía de Santa Cruz imputó en días anteriores a Parada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.
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