La representante de “Mujeres Creando”, María Galindo denunció este martes que una red extorsiva, liderada por feminicidas y violadores, controla la cárcel de San Pedro en La Paz. Asimismo, en medio de su acusación, su radio sufrió un corte de energía eléctrica.
La activista presentó una grabación de una llamada telefónica con un privado de libertad, quien manifiesta que el asesino serial, Richard Choque Flores era parte de la cúpula de poder que administra ese recinto penitenciario, lo cual le permitió hacer contactos y acumular dinero para obtener su libertad en 2019.
“Quiero decirles que se cortó la señal de radio Deseo y la señal de internet, por un corte de energía eléctrica que duró una nada, tres o diez segundos, no más. Nosotras no somos mujeres fáciles de amedrentar, tampoco somos paranoicas, puede ser la pura casualidad”, explicó Galindo al retomar la transmisión.
El lunes precedente, la activista anunció la primera “dinamita” contra el Ministerio de Gobierno y hoy presentó lo que denomina como el “encendido de la mecha”, que apunta directamente al gobernador del penal paceño, coronel José Luis Morales del Castillo, indicando que el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, “no tiene pisada”, “no tiene control” sobre ese recinto.
Galindo señaló anteriormente que son al menos nueve puntos por los que las activistas rechazan la creación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio en Bolivia, entre ellos, las exclusiones de colectivos y de familiares de las víctimas.
“Mañana (hoy) a las 09:30 revelaremos información que se le va a caer el techo del Ministerio de Gobierno sobre la cabeza del Ministro. La información la conseguimos gracias a las víctimas y a la movilización social”, indicó la activista y representante del colectivo el lunes precedente.
Entre los puntos con los cuales el colectivo está disconforme, menciona que la Comisión no tiene un marco constitucional, no tiene operatividad, existe una ausencia de mujeres, falta de autoridades, se identificó exclusiones de colectivos y víctimas, hay falsas expectativas, riesgo de poner abogados que podrán excluir casos, falta de credibilidad y de auditoría en el proceso.
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