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Asambleísta del MAS pide auditoría al caso del “descuartizador” que fue liberado por juez Alcón

El jefe de la bancada del MAS, de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Clemente Ramos / El Deber
Tras ser liberado el descuartizador Rubén Centellas, el jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Clemente Ramos, exigió este miércoles al Consejo de la Magistratura realizar una auditoría a este caso, porque el destituido juez Rafael Alcón liberó al asesino pese a que tenía 30 años de sentencia sin derecho a indulto.

Tras ser liberado el “descuartizador”, Rubén Centellas, el jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Clemente Ramos, exigió este miércoles al Consejo de la Magistratura realizar una auditoría a este caso, porque el destituido juez Rafael Alcón liberó al asesino pese a que tenía 30 años de sentencia sin derecho a indulto.

“Venimos a la ciudad de La Paz desde el departamento de Santa Cruz a exigir al Consejo de la Magistratura que realice una auditoría al caso del “descuartizador”y el juez que lo benefició, hecho acaecido el 2004. Rubén Omar Centellas Quevedo cometió el asesinato irreparable contra Carmen Rosa Peña Villagómez, que es una cruceña”, señaló.

Recordó que, para lograr su libertad, el conocido como “descuartizador” de Santa Cruz, acudió a un informe médico que le diagnosticaba enfermedades crónicas e incurables, certificado que fue aceptado por Alcón, quien pidió el traslado del caso a La Paz para proceder a su liberación.

“Y es por eso que estamos exigiendo como autoridades departamentales por esta injusticia, corrupción y delincuentes, jueces que se han prestado, así como el juez (Rafael) Alcón que benefició y liberó al descuartizador. Desde Santa Cruz, trasladó el caso hasta el departamento de La Paz para liberarlo con el simple hecho de una certificación médica que habría otorgado con la excusa de que tenía enfermedades crónicas incurables”, detalló Ramos.

El responsable del asesinato tenía una sentencia ejecutoriada de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Pese a la situación, el juez Alcón determinó liberarlo, según reportó la agencia de información ABI.

“Este hecho tenía una pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto; por lo tanto, estamos exigiendo con nuestra dirección departamental del MAS al Consejo de la Magistratura para que realicen la auditoría correspondiente”, ratificó.

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