Desde la Fiscalía se informó que presentaron la acusación formal contra los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y otras siete personas, por la adquisición irregular de gases lacrimógenos realizada durante el Gobierno transitorio a la empresa Bravo Tactical Solutions.
De esa manera, Murillo y López están acusados en calidad de exministros de Gobierno y Defensa, respectivamente. Ambos están procesados en rebeldía, debido a que no se encuentran en el país.
Según el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, entre los otros acusados están: el exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora, también declarado rebelde, el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Raúl López.
Asimismo, el exjefe de la unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa, Alan Menacho, el exdirector de Logística, Pedro Rea, la exdirectora general de Asuntos Administrativos, Ruth Palomeque, el exresponsable de artículos clases 5 del Ministerio de Defensa, Denis Vera.
También el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions, Bryan Samuel Berkman, quien fue declarado rebelde y que fue detenido en Estados Unidos, en el caso de lavado de dinero que implica a Murillo, según reporte de la red Erbol.
Lanchipa indicó que el daño económico al Estado fue de 16 millones de bolivianos.
Esta acusación se atribuye a delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.
La autoridad judicial indicó que se está pidiendo la pena máxima por los delitos acusados. Explicó que la sanción mayor es de diez años de privación de libertad, pero la justicia debe tomar en cuenta también los agravantes.
En este caso se investigó la compra que hizo Ministerio de Defensa de gases lacrimógenos para la Policía. La adquisición se realizó en los primeros meses del Gobierno transitorio a la empresa Bravo, la cual era intermediaria para adquirir los gases de la empresa brasileña Cóndor.
De esa manera, el caso tuvo su repercusión en Estados Unidos (EE.UU.), donde se estableció un esquema en el cual Murillo habría recibido dinero proveniente del soborno para la compra de los gases lacrimógenos.
Según la investigación de EE.UU., la compra fue de 5,6 millones de dólares; sin embargo, los equipos costaron a Braco al menos 3,3 millones, por lo cual se estimó un sobreprecio de más de dos millones de dólares.
Finalmente, Lanchipa señaló que ya se solicitó la extradición de Murillo a EE.UU. y que se tiene activado el sello rojo de Interpol contra López.
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