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TPC decide que la Fiscalía reabra investigación por 1.205 contratos irregulares en la Alcaldía de Santa Cruz

Alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández en rueda de prensa / Erbol
La Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió este miércoles fallar a favor de la solicitud para que la Fiscalía reabra la investigación por la denuncia de 1.205 contratos irregulares en la Alcaldía de la ciudad de Santa Cruz durante la gestión de la excalcaldesa Angélica Sosa.

La Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió este miércoles fallar a favor de la solicitud para que la Fiscalía reabra la investigación por la denuncia de 1.205 contratos irregulares en la Alcaldía de la ciudad de Santa Cruz durante la gestión de la excalcaldesa Angélica Sosa.

En rueda de prensa, el alcalde cruceño Jhonny Fernández, afirmó sobre la determinación asumida a través de un recurso de amparo constitucional que fue presentado ante presuntas irregularidades que vinculan a tres personas.

“Hoy vemos con satisfacción que se ha permitido la reapertura de la investigación de esta denuncia que hice como alcalde municipal. Aquí estamos hablando de más de mil contratos que obviamente fueron observados”, señaló el burgomaestre.

La denuncia fue presentada el 28 de mayo; sin embargo en poco menos de un mes la Fiscalía decidió emitir una resolución de rechazo. Los delitos identificados son supuesta conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, falsedad material e ideológica.

Fernández sostuvo que desde su despachó hará seguimiento a todo el proceso para que se pueda dar con los responsables y que exista resarcimiento económico, según informó la red Erbol.

Asimismo, explicó que los 1.205 contratos son diferentes al de los “800 ítems fantasmas” que actualmente se encuentra en investigación.

“No es cuestión de venir aquí y hacer estas fechorías y después darse a la fuga o que queden las cosas tapadas, es plata del pueblo y la vamos a defender”, dijo Fernández.

Se calcula que por estos contratos irregulares, se tiene una afectación al Estado de al menos 25 millones de bolivianos en cuatro meses durante la gestión de Sosa.

/RXVCH/


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