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Familiares de víctimas de Senkata y Sacaba piden sueldo mínimo de Bs. 5 mil y Bs. 50 mil por herido

Las víctimas también piden juicio de responsabilidades en contra de la expresidente Jeanine Añez / DEREDES
Los familiares víctimas de Senkata y Sacaba piden al Gobierno un trabajo con un sueldo mínimo de cinco mil bolivianos.

Los familiares víctimas de Senkata y Sacaba, quienes llegaron en marcha a La Paz el lunes, piden al Gobierno un trabajo con un sueldo mínimo de cinco mil bolivianos, además de diez mil bolivianos por los gastos de sepelio y 50 mil para todos los heridos “sin importar el grado de invalidez”.

En el pliego consensuado entre las víctimas de Senkata y Sacaba, además de pedir el salario mínimo de cinco mil bolivianos, agregaron que el monto del sueldo “deberá aumentar progresivamente de acuerdo al aumento salarial dispuesto por ley”.

Asimismo, exigen cumplir con el Decreto Supremo 4176, que establece la reparación integral a las víctimas de 2019 que se realizó entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019.

En el Gobierno de Jeanine Añez, se cumplió con esa normativa y se benefició a herederos de 16 víctimas con 100 mil bolivianos por cada fallecido en El Alto y La Paz, a una heredera en Cochabamba, y a dos familias herederas en Santa Cruz. Y quedó más de un millón de bolivianos para el pago en favor de los “beneficiarios pendientes”, según datos de un informe, reportó Pagina Siete.

Las víctimas también solicitan al Gobierno juicio de responsabilidades en contra de la exmandataria Añez.

La Marcha

La caravana, que partió el 19 de octubre desde Caracollo, está integrada por los familiares y víctimas de Senkata, Sacaba y Huayllani. La columna, compuesta por aproximadamente 200 personas, pidió en su trayecto justicia y la aplicación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que recomendó una reparación integral de daños a favor de las víctimas.

Después de que la manifestación llegara al centro de la urbe paceña, se dirigió a la calle Potosí, donde sus integrantes se detuvieron frente al edificio del Ministerio Público.

En ese lugar, protestaron y exigieron justicia por las víctimas de 2019. Posteriormente, se dirigieron a la Casa Grande del Pueblo, que estaba resguardada por una gran cantidad de policías, quienes no les dejaron ingresar ni acercarse a ese recinto.